Carreño y la familia desalojada por el argayo de Candás inician acciones judiciales

El Consistorio de Carreño y la familia desalojada por el derrumbe parcial del Monte Fuxa el pasado 17 de marzo han iniciado los trámites para reclamar conjuntamente por la vía judicial los daños causados. Los servicios jurídicos municipales y el letrado contratado por los residentes de la vivienda mantuvieron ayer una reunión para estudiar las diferentes medidas que adoptarán.

Dichas actuaciones se basarán en los informes relativos a los sucesos que tuvieron lugar hace trece años en el mismo lugar, al constatar que, a la vista de los hechos, las causas pueden tener el mismo origen de entonces. Según puso de manifiesto el alcalde de Carreño, Ángel Riego, «en este situación se dan dos circunstancias que hay que tener en cuenta con vistas a futuras reclamaciones. Por un lado -dijo-, desde el Ayuntamiento se demandarán los daños ocasionados por el argayo en lo que afecta a las cuestiones públicas. Esto es, el cierre y limpieza del paseo marítimo y el desembolso que tendrá que hacer el Consistorio para pagar la colocación del vallado de seguridad y también el realojo de la familia afectada mientras se resuelva el litigio que, nos tememos, será un proceso muy largo».

Mientras tanto, por parte de los residentes, la demanda se centrará en las responsabilidades de tipo privado que causaron el derrabe. En ambos casos, las reclamaciones irán dirigidas a aquellas propiedades que puedan estar implicadas. Sin entrar en más detalles por el momento, a la vista de los diferentes informes que manejan ya los letrados, existen pronunciamientos técnicos y sentencias judiciales que servirán de base legal para iniciar acciones judiciales. Entre ellas, se encuentra un fallo dictado por un juez a raíz del pleito suscitado hace trece años en circunstancias similares.

En él, el magistrado atribuye las causas del desplome de la ladera a los trabajos que se habían realizado en un solar anexo para la construcción de viviendas. En la sentencia, el juez ordena que se realicen trabajos destinados a asegurar el talud, algo que no se llevó a cabo a pesar de haber transcurrido trece años.

El alcalde, Ángel Riego, no obstante, reiteró que, a priori, «el Ayuntamiento no tendría que intervenir en nada al tratarse de una cuestión meramente privativa, pero nos vemos en la obligación de reclamar los daños que el derrumbe generará a la hacienda municipal». Con esta explicación quiso dejar claro que, «en ningún caso, se trata de decir que los afectados deberán buscarse la vida, como se interpretaron mis palabras en las aclaraciones que hice en el último Pleno a preguntas de la oposición». Las actuaciones con los familiares están siendo coordinadas por el concejal Alberto López, que mantiene contacto permanente con ellos. Entre sus competencias está facilitar el acceso al domicilio para retirar los enseres que precisen. Para ello, se hace necesario que accedan a la zona del vallado de seguridad acompañados por agentes de la Policía Local.