«Lo deseable sería que Tráfico aplique directamente el margen de error del radar»

El gijonés Rafael Velasco ha conseguido que un juzgado le diera la razón y obligue a la Dirección General de Tráfico a aplicar en las multas los márgenes de error de los cinemómetros de los radares estáticos (más menos 5 kilómetros por hora en velocidades inferiores a los 100 kilómetros por hora, y el 5% en las superiores -en los móviles son mayores-). Este abogado cree que es fundamental, ya que la corrección que ahora se impone puede suponer no sólo una importante diferencia en la cuantía económica de la sanción, sino el hecho de que implique restar puntos del carné del infractor o, incluso, que se pueda considerar un delito, dependiendo de los casos.

-¿Cree que de esta sentencia se pueden beneficiar el resto de los conductores?

-Entiendo que sí. Al menos, otros compañeros abogados que tengan un recurso similar pueden utilizar los mismos argumentos que yo, porque recogen lo que dice la ley. Se trata de la aplicación de los márgenes de error, que son distintos en los radares fijos y móviles o si se circula a una velocidad superior o inferior a 100 kilómetros por hora. Pero creo que lo deseable sería que, ya que la Administración de Tráfico sabe cuál es el criterio del juzgado de Gijón, lo aplique directamente.

-Hasta el momento los márgenes de error sólo se aplican a la velocidad del vehículo ¿no es así?

-Eso lo aplicaban para ver si había infracción o no, pero la sentencia marca los márgenes de error de los radares. Es muy diferente, como en mi caso, que la multa sea por ir a 68 en una zona limitada a 50 o a 73, tanto por la cantidad de la multa como por la retirada de puntos. De oficio, la Administración lo interpreta para ver si hay infracción o no, pero no para las distintas sanciones que corresponden y que tienen mucha importancia, porque puede suponer la retirada de puntos, del carné de conducir o, en determinados casos, que una sanción administrativa pase a considerarse un delito.

«Que la gente lo sepa»

-¿No hay colectivos que estén trabajando por la aplicación de estos criterios?

-Hay asociaciones de automovilistas que lo defienden, pero no tengo constancia de que haya alguna sentencia concreta de otro juzgado. A partir de ahora, espero que la publicidad haga que Tráfico lo aplique o que la gente sepa que se puede presentar el recurso correspondiente; las multas se pueden recurrir.

-¿Resulta caro iniciar un proceso judicial como este?

-Desde ahora hay que pagar por adelantado la tasa judicial, que es el 50% de la sanción, en mi caso 150 euros. Además, antes pagué la multa para evitar que generara más gastos. A todo ello hay que sumar los honorarios del abogado. En total, es más del dinero que puedes ahorrar si pagas la multa.

-Pero en muchos casos esa sanción supone más que el dinero...

-Claro, porque implica la pérdida de puntos y hay que tener en cuenta que puedes caer en cualquier cosa que te coloque en una situación al borde de perderlos todos. En mi caso, no es un vehículo profesional, pero sí muy importante para desarrollar mi trabajo.

Cabezonería

-¿Cuánto tiempo duró todo el proceso que siguió usted?

-18 meses. En mi caso, el trámite administrativo se alargó por la cabezonería de la Administración. Una vez que me notificaron la multa, solicité ver la foto del radar, su certificado con los márgenes de error y ver si estaba homologado. Me lo mandaron todo para presentar las alegaciones y no me dieron la razón. En un momento determinado, se dieron cuenta de que la sanción no estaba ratificada por los agentes, por lo que decidieron retrotraerla hasta que la ratificaran, que lo hicieron de una forma muy genérica.

-¿Fue entonces cuando acudió a la vía judicial?

-Fue cuando en la resolución administrativa decían que aplicaban los márgenes de error y, según el expediente, era mentira. El juicio se celebró en septiembre del año pasado y la sentencia salió ahora. Todo el proceso duró desde el 19 de julio de 2011 hasta ahora.

-¿Cómo se siente después de este proceso?

-Es como una carrera de obstáculos; a ver si uno se cansa. El proceso fue tan impresentable que al juicio no fue ni el abogado del Estado. Cualquier ciudadano hubiera abandonado por cansancio o por la incapacidad económica de pagar el trabajo de un abogado durante 18 meses.