Javier Fernández censura el «aprovechamiento tramposo de los recursos públicos»

Decía ayer el profesor de Historia Económica Joaquín Ocampo que a finales de 2012 el número de referencias de la bibliografía jovellanista superaba los cuatro millares. Lo decía convencido de que la suma seguirá creciendo y tras ser testigo de cómo una de estas últimas aportaciones, la que hace el profesor Vicent Llombart a través de 'Jovellanos y el otoño de las luces', permitía al presidente del Principado, Javier Fernández, hacer pública una reflexión de completa actualidad: «La lejanía de lo ético y lo legal conduce a la corrosión de los pilares que sustentan las instituciones democráticas». Una crítica que adquiere especial relevancia cuando la corrupción copa titulares y la clase política afina más que nunca al referirse a sus colegas imputados. «Lo moral y lo legal están en la misma moneda y su disociación es fuente de muchos males públicos», insistió Fernández, que censuraba de este modo a quien «invoca la legalidad para exculpar su menguada talla ética en sus responsabilidades públicas», porque, en su opinión, «no debe ser acreedor de la confianza de sus conciudadanos».

Ahondó en esta misma idea dirigiéndose a todos los que quisieron darse por aludidos y defendió que «la mentira y la impostura, el derroche, el aprovechamiento tramposo de los recursos públicos pueden escapar de la sanción legal», pero nunca deberían escapar a «la condena social, que es el castigo político».

Fernández no podía más que elogiar la figura del político y escritor ilustrado Gaspar Melchor de Jovellanos y, aunque reconoció que dos siglos después de la muerte del prócer gijonés no se pueden buscar «propuestas concretas» en sus escritos sí animó a recuperar su «actitud» y a tomar nota de sus conclusiones.

Se refería, por ejemplo a la idea de que los recursos productivos son un requisito «necesario pero insuficiente» para el crecimiento económico y que han de ser apoyados «por lo que Jovellanos llamaba 'luces y auxilios', con educación y un marco institucional y político que apoye su desarrollo eficiente».

Quiso el presidente asturiano alejarse de la tentación «en la que muchos han caído al acercarse a su figura: convertirlo en un santo laico y deslizarse por el elogio hagiográfico». No nombró a nadie, porque no hizo falta, al referirse a quienes en su opinión han incurrido en los riesgos de «entresacar citas de contexto para investirse de cierta legitimidad con la autoridad de Jovellanos».

Pero sí hizo especial hincapié en uno de los términos más repetidos en el libro de Llombart y, a la vez, en la obra de Jovellanos: la palabra 'pública' que, justificó, «entenderán que me resulte cercana y querida». La prosperidad, la educación «que favorecerá el progreso» y las diversiones que benefician la sociabilidad han de ser públicas, según argumentó. «El interés público debe prevalecer sobre los intereses de los particulares y la economía política ha de articular el equilibrio de ambos», continuó el presidente recogiendo las ideas jovellanistas. «Públicos han de ser los auxilios», como la opinión que «modulará el Estado», el beneficio del conocimiento o los servicios «que garantizan el bienestar».

Habló también del contrato social que estipula que todo ciudadanos debe sacrificar una porción de su independencia, fuerza y fortuna para formar la autoridad, fuerza y renta pública. Y lo hizo rodeado de líderes socialistas, como el histórico dirigente Marcelo García; el presidente de la Junta, Pedro Sanjurjo; el consejero de Sanidad, Faustino Blanco; la exalcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso; el secretario general y portavoz en Gijón, Santiago Martínez-Argüelles, y buena parte del grupo municipal. También estuvieron presentes la directora del Instituto de la Mujer, Carmen Sanjurjo, y el síndico mayor, Avelino Viejo. El concejal gijonés de Cultura, Carlos Rubiera, asistió al acto como el hasta ahora presidente del Ateneo Jovellanos, José Luis Martínez.

Minutos antes, Fernández había recibido los reproches de un grupo de manifestantes, afectados por las preferentes y las subordinadas de Cajastur, que le esperaron a la puerta del Centro de Cultura Antiguo Instituto Jovellanos para expresar su descontento con la dirección y la gestión de la entidad, cuestiones ambas de las que responsabilizan en parte al presidente del Principado.