La concertada acusa a Educación de recortar «por criterios ideológicos, no económicos»

Ana González se enfrentó ayer a la primera protesta de la enseñanza concertada en sus diez meses como responsable de la Educación en el Principado: decenas de docentes afectados por el recorte de aulas que planea -y otros que salieron a la calle en solidaridad con sus compañeros- se congregaron a las puertas de la consejería. Y lo hicieron con una reclamación 'in extremis', conscientes de que el tijeretazo que ha puesto en la picota a más de una treintena de unidades se dirimirá durante las 'santas' vacaciones que acaban de arrancar.

Juan Luis Barrera, del sindicato mayoritario en el sector, OTECAS, fue el encargado de dar lectura a un manifiesto en el que denunciaban «la intención de la Administración educativa de suprimir para este curso 33 unidades, de forma directa y antes de que se inicie el proceso de escolarización». O lo que es lo mismo: «Sin conocer el número real de alumnos, algo muy grave».

Porque, según acusó Adolfo Congil, portavoz de USO, «el recorte no responde a criterios económicos, sino ideológicos». Y la prueba está, argumentan las centrales, en que «no se entiende por qué Los Robles y Peñamayor cumplían los criterios para ser centros concertados y ahora han dejado de cumplirlos».

Pero es que, además de que se pretende «eliminar el concierto a algunas unidades de Secundaria con una matrícula media suficiente», la fusión de aulas y la supresión de niveles educativos en varios colegios pondrán «en riesgo», sostienen, «la continuidad de las unidades concertadas» e incluso «la pervivencia de algún centro». Y las cifras tampoco mienten: «Mientras que la inversión pública por alumno en los centros concertados de Asturias no llega a 2.500 euros anuales, lo que supone ofrecer el servicio educativo con uno de los costes más bajos por estudiante de toda España, la plaza pública cuesta casi el triple».

No les sirven, por tanto, las explicaciones que ofreció, casi a la misma hora, el diputado socialista en la Junta Alejandro Vega, que defendió que la propuesta de Ana González «se ajusta a la apuesta por la escuela pública del Gobierno de Asturias, en un contexto económico muy difícil, el peor de los últimos años, agravado por los recortes de todo tipo que promueve el PP, desde el Gobierno central». Y no les sirven, sostienen, porque les ampara la LOE, que «no le atribuye a la Administración el derecho a forzar el desvío de los centros concertados a los públicos», sino que «la programación debe garantizar el derecho de todos a la educación y los derechos individuales de alumnos, padres y tutores».

Batalla en los tribunales

También a la ley apeló Alejandro Vega, que mostró su respaldo a la decisión de «no financiar con fondos públicos la segregación de aulas por sexos» (lo que se traduce en la desaparición de las ayudas para 23 unidades de Los Robles y Peñamayor, dispuestos a librar esta batalla en los tribunales) y que aprovechó para cargar contra los responsables de Foro y PP, que «se retratan», dijo, al «poner en evidencia que su prioridad es la defensa del modelo educativo privado».

«Con esta medida, Asturias asegura el cumplimiento de un principio esencial, que había dado lugar a distintas interpretaciones pero que han confirmado varias sentencias tanto de tribunales superiores, como del Supremo», zanjó Vega, que habló de dar cumplimiento a «un mandato legal que descarta que la educación diferenciada pueda acogerse al sistema de enseñanza gratuita de centros concertados sostenidos con fondos públicos».

Lo cierto es que los números de unos y otros no cuadran. Y, mientras que el portavoz socialista se refería a una propuesta que supone concertar 26 aulas menos que ahora durante el período 2013-2017, a los sindicatos les sale un tijeretazo de 33. Más de una treintena de aulas que se traducen en la pérdida de alrededor de 40 puestos de trabajo.

Pili González, una de las docentes del Colegio Sagrada Familia-El Pilar, de Pola de Lena, un centro con tres aulas en peligro, todavía no se explica «cómo se puede tomar una decisión así»: «Tenemos alumnos suficientes y estamos en una zona desfavorecida, en la que somos muy necesarios. Escolarizamos a muchos alumnos con necesidades educativas especiales, de minorías étnicas, con sus padres en paro... Las familias están muy dolidas y tampoco entienden nada».