Los empresarios del 'caso Renedo' entran en escena

La comisión parlamentaria de investigación del 'caso Renedo' afronta el último tercio de sus 62 interrogatorios y lo hace entrando en zona caliente. Hoy y mañana comparecerán altos cargos del Principado y empresarios que han visto su nombre afectado por un escrito anónimo remitido a los comisionados y trasladado por éstos a la Fiscalía del Principado. También están citados otros empresarios imputados ya en la causa cuya suerte procesal depende de demostrar que toda irregularidad en la que pudieron verse envueltos fue motivada por la Administración.

La tensión comenzará en la sesión de esta mañana. El primero de los citados es José María González Gancedo (Oviedo, 1964), funcionario del Cuerpo Superior del Principado y actual director general de Función Pública. Fue secretario general técnico en la Consejería de Asuntos Sociales entre 1999 y 2003, años en los que Marta Renedo ocupaba la jefatura del Servicio de Prestaciones. La Policía sospecha que es en este periodo cuando la funcionaria cometió su primera irregularidad, aprovechándose supuestamente de los datos personales que le había hecho llegar una mujer argentina interesada en hacer una gestión con el Principado.

González Gancedo saldría de esa consejería para asumir la secretaría general técnica de Salud entre 2003 y 2011, antes de asumir la vicepresidencia de Gispasa, la empresa que gestiona las obras del nuevo HUCA. Su nombre aparece en algunos 'pinchazos' que la Policía realizó a los empresarios de Igrafo y APSA.

El actual director de Función Pública no ha sido nunca llamado a declarar en el 'caso Renedo', pero su nombre ha terminado entre las citaciones de la comisión debido al primer anónimo que llegó a la Junta General. El informante aseguraba que en el área de la extinta Agencia de Consumo se habrían cometido una serie de irregularidades para favorecer la contratación de empresas vinculadas al Grupo La Productora. Según el anónimo, de estos manejos estaban al corriente el propio González Gancedo y el responsable de la agencia, Juan Llaneza, quien también declarará hoy en la comisión.

La empresa señalada ya expuso, a través de este periódico, que nunca ha sido objeto de trato de favor ni de discriminación, que trabaja con administraciones de todo signo político y que está dispuesta a ofrecer las aclaraciones oportunas ante quien se las pida. El legal representante de la sociedad ha sido citado en la comisión para mañana.

El tratamiento que el presidente de la comisión, Ignacio Prendes, dio al anónimo ya fue objeto de polémica durante la comparecencia que realizó el exconsejero de Salud José Ramón Quirós. Como responsable político de las personas acusadas por el escrito, Quirós felicitó al diputado de UPyD por dar traslado al fiscal del escrito, pero le afeó que ante los medios de comunicación hubiera comentado que el documento señalaba a personal de su consejería. Aunque el presidente de la comisión no concretó los nombres, el exconsejero consideró que aquel gesto extendió una sombra de sospecha hacia los mismos.

Quirós llegó a manifestar que el anónimo podía tratarse de «una venganza personal». Precisamente, la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo estuvo marcada por un conflicto interno, que terminó con una sentencia por acoso laboral -hoy recurrida- y una petición de indemnización de 140.000 euros.

En la sesión de esta mañana también esta citado el exgerente del Sespa, Juan Ortiz, imputado en el 'caso Renedo' después de que una pericial de la Agencia Tributaria a la contabilidad de APSA le hiciera acreedor de una serie de «liberalidades» abonadas por la empresa. Se trata de viajes a Barcelona, Madrid, Pisa y Amsterdam que APSA reflejó como gastos deducibles. Ortiz, sin embargo, opuso que realizó esos viajes junto al dueño de la empresa, con quien le uniría una relación de amistad, al objeto de asistir con sus mujeres a unos conciertos que efectivamente tuvieron lugar en las fechas de esos desplazamientos. El exgerente relató que su amigo se encargaba de organizar el viaje, pero que luego le pagaba su parte.

Precisamente mañana será el turno de los empresarios de Igrafo y APSA, Víctor Manuel Muñiz Menéndez y Alfonso Carlos Sánchez. Ambos están imputados en el 'caso Renedo' y tienen abiertos otros procesos paralelos por presunto fraude fiscal. Hay una posición común en todos los empresarios imputados en el sumario principal. Uno de los puntos fuertes de su estrategia de defensa pasa por señalar que si cometieron algún tipo de irregularidad es porque la Administración así se lo exigía para seguir contratando con ellos.

Facturas falsas

Muñiz es quien mejor ha visibilizado esta posición en las últimas semanas. En un escrito al magistrado-juez Ángel Sorando, admite que en 2007 presentó una factura falsa de 198.003 euros a cuenta de unos muebles que nunca sirvió y que tenían por destino el inexistente centro cultural de Belén de la Montaña (Valdés). El empresario alega que lo hizo «conforme a las instrucciones recibidas de la Administración contratante y en su legítimo derecho de cobrar por unos servicios realmente realizados» en la Biblioteca de El Fontán y que tenía pendiente de liquidar.

EL COMERCIO desveló este domingo la existencia de al menos otros cuatro encargos que, según los papeles intervenidos en la sede de Igrafo, también fueron inflados por cultura para saldar una supuesta deuda que tenía pendiente por el trabajo de Igrafo en la biblioteca ovetense. En los últimos días se especula con la posibilidad de que Muñiz aproveche el escenario que le ofrece la Junta General para, sin concretar datos que están siendo objeto de investigación penal, sí leer un escrito en el que manifieste los equilibrios contables que le solían reclamar las administraciones con las que trabajaba, de todo signo político.

La sesión de mañana tiene ocho comparecientes, entre los que se encuentra también el representante de una empresa que ha admitido haber presentado facturas falsas siguiendo instrucciones de Marta Renedo. El dinero así percibido le compensaría por tener en nómina a siete personas cuya contratación venía solicitada por Renedo. La funcionaria dijo que actuó así a instancias de sus «superiores», pero éstos lo han negado. Entre los que consiguieron ocupación de esta forma se encuentra la cuñada del entonces director general, Carlos Madera, y la hermana del jefe de prensa de la consejería. Entre los citados también está el legal representante de Geogal, la empresa de la que son accionistas la mujer del exconsejero José Luis Iglesias Riopedre y el hijo de ambos, Ernesto. El Grupo Popular tenía intención de forzar la comparecencia de éste, pero tras recibir las explicaciones de los socialistas, se limitó a solicitar la asistencia del legal representante.