289 despidos a medianoche

A medianoche concluye el plazo para negociar la regulación de empleo en las fábricas de armas de Santa Bárbara Sistemas. En la de Oviedo y en otras españolas (Granada, Madrid, Coruña y Sevilla). Pero los de aquí están preocupados por la suya, por los 300 empleos a extinguir de los 600 que hay en Trubia después de la mudanza de la otra factoría de La Vega. Se sienten engañados por la empresa, que presenta un ERE argumentando falta de carga de trabajo, después de afirmar que la fusión de los centros garantizaba la continuidad del empleo.

Los sindicatos están dispuestos a negociar, pero no aceptan los términos que propone la compañía. A última hora de ayer, cuando restaba redactar con los representantes de la empresa redactar el acta de lo ocurrido en la jornada, el responsable de UGT, Hugo Rafael Álvarez, aseguraba que las negociaciones estaban prácticamente rotas. El adverbio cobra importancia porque hoy a las diez de la mañana volverán todos a sentarse a intentar alcanzar un acuerdo. Tendrán apenas 14 horas para alcanzar un acuerdo o un preacuerdo a partir del que trabajar ambas partes.

La empresa realizó ayer una nueva propuesta. «La última», advirtieron fuentes de la firma armamentística. Suponía «mejoras», «un esfuerzo» y recogía «algunas de las preocupaciones que la parte social ha venido manifestando durante todo el periodo de negociación». No lo entendieron así, en cambio, la otra parte de la mesa negociadora. El responsable de CC OO, José María Ordóñez, subrayó que hay varios puntos inamovibles: no aceptan despidos, la empresa no puede identificar al personal que acepte bajas voluntarias ni hacer «distingos» en las condiciones de salida de los empleados.

Con oferta nueva o sin ella, están como hace días, con la diferencia de que hoy concluye el plazo para negociar antes de que el expediente pase al juzgado y los ánimos no son los mismos. «Estamos teniendo muchas dificultades, más de las normales», lamentó Ordóñez que destacó su disposición a negociar el ERE pero no como pretende la empresa. «Ya se hizo otras veces en Santa Bárbara», recordó, sin entender por qué ahora la situación es diferente a sabiendas de que el cambio en la legislación laboral facilita el camino al empresario. Si hoy no hay acuerdo, la autoridad laboral dictará una resolución en que la estimará o desestimará, en todo o en parte, lo solicitado por el empresario. En este caso, 289 despidos en Trubia y la regulación temporal hasta 2016, en un expediente temporal paralelo, de casi la totalidad del resto de la plantilla.

En la fábrica los trabajadores esperan una llamada que les de una buena noticia. Anoche, al cierre de esta edición, no se había producido. En su segundo día de encierro volvieron a salir. Ayer se trasladaron a Oviedo en tren o coches particulares (no andando como casi hicieron el jueves con tres horas de caminata bajo la lluvia por la A63).

Recorrieron Uría y se concentraron en la puerta de la Junta General del Principado. Querían una respuesta de los políticos pero en el Parlamento regional un viernes por la tarde no había actividad. Permanecieron allí unos diez minutos y decidieron dirigirse a la sede del PP en Manuel Pedregal.

Varios furgones de la Policía Nacional les escoltaban, y a la entrada de la calle desde Fray Ceferino se toparon con una quincena de agentes que les impidieron el paso hasta las puertas de la sede de los populares. Querían una respuesta o al menos que les escucharan gritar y pitar. No lo consiguieron. Ni por las buenas (hablaron con los policías) ni por las malas (la mujer de uno de los trabajadores se alteró ante la prohibición del paso). La protesta volvió a ser pacífica aunque ya advirtieron con sus proclamas: «La próxima visita será con dinamita». Han anunciado que si hoy no se llega a un acuerdo las movilizaciones se recrudecerán de forma considerable. De momento han querido pedir pero están dispuestos a exigir.

Se sienten decepcionados por los políticos: el alcalde Agustín Iglesias Caunedo (del PP) les apoya cuando en Madrid les ningunean desde el mismo partido. Ayer el secretario de Estado de Defensa, Pedro Argüelles, insistió en que la fábrica atraviesa una situación complicada y confió en que lleguen tiempos mejores y Defensa vuelva a poder ofrecer oportunidades de contratación trabajo. Es la postura del Gobierno: Santa Bárbara es una empresa privada y no hay otra cosa que lamentar la pérdida de puestos de trabajo. Los trabajadores y los partidos de la oposición rechazan la pasividad del Ejecutivo de Mariano Rayo porque el 90% de la carga de trabajo se la proporciona el Ministerio de Defensa, por el carácter estratégico del sector y por los acuerdos firmados en su día en la privatización.