El Principado prepara una batería de controles para los contratos menores

Atendiendo los usos europeos, España elevó la cuantía de los encargos que las administraciones pueden despachar como contrato menor, un formato sencillo, ágil y vulnerable. Bajo este mecanismo el jefe de servicio de turno confía a la empresa de su elección encomiendas de hasta 50.000 euros (18.000, si lo que pide es un suministro). El mismo funcionario que elige al adjudicatario firma la factura y su rúbrica certifica que el trabajo se hizo.

La ley le da, así, gran poder para arreglar las cosas, a riesgo de que lo use en beneficio propio. En los últimos días, la comisión parlamentaria del 'caso Renedo' le da vueltas a este dilema entre agilidad y seguridad. El Principado lo venía resolviendo siguiendo la legislación estatal, pero este caso de corrupción está a punto de empujarle a la innovación.

«En las secretarías generales técnicas se está trabajando en instrucciones que aumenten los requisitos del contrato menor, incluso en contra de lo que recomiendan las juntas consultivas en la materia», reveló ayer Margarita González Marroquín, interventora general entre 2002 y 2011. La batería de exigencias incluye pedir tres ofertas cuando sea posible, que las empresas presenten una declaración asegurando que no tienen vinculación societaria con el resto de candidatos e «introducir una diligencia tipo, en la que conste el día y el funcionario que da la conformidad al contrato».

«Hay que diseñar sistemas de control que no penalicen la gestión», delimitó González, quien dejó una reflexión. «En la Unión Europea hay un porcentaje a partir del cual se considera que el gasto está suficientemente controlado». Si los controles materiales no pasan del 2% de los contratos «se considera que la irregularidad entra en lo tolerable».

La compareciente fue interrogada por la factura falsa de 198.000 euros que Igrafo cobró de la Administración por el mobiliario del inexistente centro cultural de Belén de la Montaña. Según la documentación aportada por la empresa, ese dinero habría servido para saldar una deuda que Cultura arrastraba con la empresa por muebles y obras ejecutadas en la biblioteca de El Fontán. «Es una falsedad documental clarísima», respondió. La compareciente insistió en que cuestiones como éstas «son muy difíciles de detectar» por la Administración, «prácticamente imposibles» de detectar «cuando dos personas, un empresario y un funcionario, se ponen de acuerdo para delinquir». «En este caso», aseguró refiriéndose a los manejos de Marta Renedo, lo que falló fue «la actitud de unas personas».

El comentario no gustó al popular Agustín Cuervas-Mons, que lo contrapuso con una región «donde hemos visto el 'caso Renedo', el 'caso Otero', el 'caso Riopedre', el 'caso Niemeyer'». «Eso no se lo voy a consentir», le interrumpió el socialista Fernando Lastra, con el que repitió así pulso dialéctico.

González Marroquín reconoció que meses antes de que Marta Renedo fuera denunciada y destituida, la Agencia Tributaria había pedido una serie de facturas que presuntamente le habían desviado dinero público. La exinterventora asumió que lo genérico de la petición, el volumen de solicitudes similares, y el que las tramite un «subalterno», impidió tomar el asunto como un aviso.

Una «relación cordial»

Distinta fue la comparecencia de Luciano González, jefe de sección de Gestión de Edificios Administrativos. Titubeando y con evasivas, el funcionario admitió que participó como vocal en mesas de contratación para homologar muebles y material de oficina («me pusieron en el acta, pero sólo movía los bultos»), negó, primero, ser amigo de los empresarios de Igrafo y APSA, aunque luego admitió que se veía con ellos «ocasionalmente», fuera de la consejería también, y con comidas de por medio. Era «una relación cordial», fruto de la cual viajó con el de APSA a Madrid «a ver un musical, pero cada uno pagó su parte». También asumió que una vez pidió al empresario entradas para el fútbol.

Pedro Fernández Guerrero, su compañero hasta que fue destituido el mes pasado, negó haberse favorecido y sobre los empresarios dijo que «no tuve ningún trato, más que el profesional».