Un sistema único integrará las solicitudes para ingresar en Medicina de toda España

La selección del personal docente y la modificación de los órganos de gobierno universitarios. Esos dos puntos de la reforma de la Universidad que ha redactado un comité de expertos a petición del Gobierno central y que ayer se debatió en Madrid podrían ser inconstitucionales, según advirtió la consejera de Educación del Principado, Ana González, al término de la Conferencia General de Política Universitaria, presidida por el ministro de Educación, José Ignacio Wert.

Durante la reunión, la consejera puso encima de la mesa la addenda al informe de dos de los firmantes del documento que alerta de la posible inconstitucionalidad de la propuesta referida al nuevo sistema de gobierno de los campus (en el que el rector sería elegido cada cinco años de entre académicos candidatos de cualquier parte del mundo por un Consejo de la Universidad en el que entrarían a participar con un 25% las comunidades), así como del proceso de selección del profesorado universitario, que se haría mediante una doble vía de acceso: uno para ser titulares y catedráticos funcionarios y otro para ser titulares y catedráticos contratados indefinidos.

Uno de los aspectos más discutidos tiene que ver con ese procedimiento para elegir al rector, ya que, además de Asturias, comunidades como Baleares o Valencia dudan de que sea constitucional y piden a la Abogacía del Estado que se pronuncie, mientras que otras como Cataluña respaldan ese nuevo modelo de elección.

Todas las autonomías críticas con la reforma se remiten a la observación de los profesores de Derecho Óscar Alzaga y Mariola Urrea, que se preguntan si no «sería inconstitucional una ley que, en la práctica, otorgase el gobierno de las universidades públicas a las comunidades» y que consideran la reforma «un riesgo para la plena independencia investigadora», de los profesores contratados, ya que las figuras de profesores funcionarios son «la garantía constitucional que comporta la libertad de cátedra».

Pero el anuncio más sorprendente de una cita que concluyó con más dudas que certezas fue que, a partir del curso que viene, el Gobierno central, junto con las comunidades, va a poner en marcha un mecanismo para integrar todas las solicitudes de ingreso en el grado de Medicina para que las facultades de todo el Estado puedan gestionar las admisiones en una «única ronda» y que el proceso no se prolongue hasta diciembre por la elevada demanda. La medida se implantará con carácter piloto en el curso 2013-14, y definitivamente, en el 2014-15. Dentro de dos meses, habrá nueva reunión.