La ley de la cadena alimentaria entrará en vigor la próxima primavera

En la próxima primavera. Esa es la previsión que maneja el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación para la entrada en vigor de la ley de la cadena alimentaria, una vez haya concluido su tramitación parlamentaria. Esta norma tiene entre sus principales objetivos lograr un precio sostenible para la leche, así como para otros artículos alimenticios que suelen ser utilizados como reclamo para atraer a los consumidores, y lograr de esta manera que estos productos no se «banalicen». Miguel Arias Cañete confía en que una vez puesta en marcha esta nueva ley las empresas de la distribución compitan «lealmente» y se pague a los ganaderos una cantidad con la que puedan, al menos, cubrir los costes de producción.

El ministro aseguró en declaraciones recogidas por Europa Press que esta norma «no va contra nadie» y que lo que busca es establecer un equilibrio en la cadena. «Me parece bien que haya competencia en precios siempre que no se banalicen los productos», enfatizó el ministro, quien detalló que esta ley recoge la obligación de formalizar los contratos por escrito y la prohibición de determinadas prácticas comerciales, así como las modificaciones unilaterales de los acuerdos y los pagos comerciales no previstos. «Pretendemos con ello mejorar el equilibrio y la transparencia en las relaciones comerciales entre los diferentes operadores de la cadena de valor, en un marco de competencia que redunde, también, en beneficio de los consumidores», indicó Cañete.

Otro de los aspectos que incluirá la ley de la cadena alimentaria es la fijación de multas para aquellos que no respeten esta norma. Las sanciones previstas van desde los 3.000 euros hasta un millón para cualquier eslabón de la cadena alimentaria, agricultores, industria y distribución que incurra en prácticas abusivas en el sector alimentario. Estas multas serán fijadas, en función de la cuantía, por el director general de Alimentación -las más leves- o incluso por el Consejo de Ministros -las más graves-.

Las medidas recogidas en esta norma son pioneras en la Unión Europea, según se apunta desde el Ministerio. Arias Cañete avanzó que, con esta ley, su departamento tiene la confianza de contribuir a la mejora de la rentabilidad de las explotaciones, garantizando la integridad del conjunto del sistema agroalimentario y mejorando sensiblemente la consideración económica y social de la actividad.

Apoyos comunitarios

Respecto a la reforma de la Política Agraria Común, el ministro aseguró que su departamento ha trabajado, desde el principio, y simultáneamente, en el mantenimiento de los actuales apoyos comunitarios en el período 2014-2020 y la puesta en marcha de actuaciones para fortalecer a los eslabones más débiles, las explotaciones agrarias, y vertebrar mejor la cadena alimentaria.

En este sentido, subrayó que los agricultores y ganaderos españoles pueden tener la tranquilidad de que van a seguir percibiendo el mismo nivel de apoyos que tiene actualmente. Según el ministerio, España dispondrá de 35.705 millones de euros en ayudas directas y 8.291 millones para desarrollo rural para todo el periodo, lo que supone, incluso, un «pequeño» incremento respecto a las ayudas directas pagadas en el periodo anterior (35.414 millones) y a la asignación de desarrollo rural (8.053 millones).