«El margen para frenar el cierre del sector minero es mínimo»

Jaime Martínez Caliero, responsable del Área de Minería y Energía de la Federación de Industria de CC OO de Asturias es uno de los protagonistas de la negociación del último plan minero. Un papel que afronta como una «responsabilidad total» y consciente de que lo que está en juego «es la supervivencia de comarcas enteras». El momento en el que se produce esta negociación, con una situación de crisis y destrucción de empleo galopante y un Gobierno con mayoría absoluta, es «como para salir corriendo» y «el peor posible» para tomar una decisión de tanto calado. «Este Gobierno se atreve a todo y es capaz de hacer cualquier atrocidad», advierte.

-La primera reunión oficial con el nuevo secretario de Estado terminó en decepción. No parece la mejor manera de arrancar la negociación del último plan minero.

-El Ministerio no ha satisfecho ninguno de los objetivos que nos habíamos marcado. No se volverá a quemar carbón de manera inmediata ni se pagarán las ayudas que se adeudan a las empresas.

-¿Cómo interpreta que tras varios meses con las negociaciones en suspenso, ahora el Gobierno pretenda cerrar el nuevo plan en un mes?

-Nos tememos que sea parte de su estrategia para acabar con este sector porque sabe que hay muchos trabajadores que lo están pasando mal por los comportamientos de determinados empresarios. Las prisas no son buenas para nada y menos en una negociación de tanto calado.

-¿Está justificado el ultimátum que el Gobierno asegura haber recibido de la UE para presentar el nuevo plan en abril?

-Legislativamente no sé si lo estará, pero moralmente desde luego que no. Llevamos desde agosto enviando cartas al secretario de Estado y al ministro para empezar a negociar y no han sido atendidas hasta ahora.

-Coincidiendo precisamente con el relevo en la Secretaría de Estado.

-Así es. Al menos, se ha producido un giro negociador. Antes no existía el diálogo. Era un desprecio hacia las organizaciones sindicales y la patronal. Ahora sí hay voluntad de diálogo. Al finalizar la reunión, el secretario de Estado se comprometió a ir llamándonos de manera bilateral para ir teniendo reuniones con nosotros y la patronal. Sin embargo, también creo que si el plan no se acuerda con los sindicatos, el Gobierno tirará para adelante en solitario.

-Industria asegura que pueden perderse las subvenciones si no se presenta el plan a tiempo.

-Esa es una opinión del secretario de Estado que nosotros no compartimos. Las empresas y ellos mismos enviaron a Bruselas un plan de cierre en febrero y otro en agosto. Si ahora se les piden nuevas aportaciones que las envíen, pero eso no impide que de forma paralela se mantengan reuniones para ir negociando el plan y buscando soluciones al conflicto.

-El tiempo corre en contra de empresas y trabajadores. En apenas dos meses, más de 2.600 mineros han perdido su puesto de trabajo o están inmersos en un ERE temporal o de extinción. ¿Cómo se afronta en este contexto una negociación?

-Los máximos perjudicados en este momento son los trabajadores que están pagando las consecuencias de una política del Gobierno del PP que ya denunciamos cuando recortó un 63% las ayudas. Entendemos que lo que el Gobierno quiere es liquidar el sector, sobre todo, lo que es minería subterránea. Hablan del carbón como única fuente de energía fósil que tenemos, pero, aunque no lo dicen con claridad, sólo quieren apostar por el cielo abierto, que genera poco empleo y de menos calidad.

Planes a largo plazo

-El Ministerio exige a las empresas que presenten planes a largo plazo como condición para que sigan recibiendo ayudas. ¿Cree que está preparando ya la criba?

-Sin duda. Las empresas de minería subterránea necesitan saber cuál va a ser el marco temporal para poder hacer unas inversiones que, en la mayoría de los casos, son millonarias. Ninguna compañía va a hacer inversiones para un periodo de tiempo tan corto si sabe que no van a recibir subvenciones cada año que cubran los costes de explotación y, menos, sin que haya una estabilidad en el sector y una garantía de consumo de su carbón que tampoco tienen.

-Entonces, ¿cuándo el presidente del Gobierno decía que defendía el carbón se estaba refiriendo al cielo abierto?

-Antes pensábamos que se refería al carbón de importación, pero ahora vemos que hablaba del cielo abierto. Nosotros, sin descartar el cielo abierto, sabemos que es el carbón subterráneo el que genera empleo. Las comarcas mineras están con unas tasas de desempleo mucho más altas que cuando empezó la primera reconversión. No se puede perder ningún puesto de trabajo más.

-La propuesta del Gobierno habla de redimensionar el sector. ¿Significa eso que habrá cierres antes de la fecha prevista?

-La minería está en el filo de la navaja. Si el Gobierno no apuesta por el sector, si las ayudas no van a las empresas y no se hacen los pagos en tiempo y forma, es muy difícil que esto se sustente. Sin ayudas, este sector es inviable. Todas las explotaciones mineras necesitan subvenciones desde hoy, no a partir de 2018.

-¿Están las empresas en condiciones de firmar contratos de suministro a largo plazo con las eléctricas?

-Sólo el cielo abierto. Con la minería subterránea no será posible a menos que el Gobierno les obligue a comprarlo a través de un real decreto.

-Con estos mimbres, ¿cuántas explotaciones podrían llegar en Asturias a 2018?

-Ninguna.

-¿Tenía el PP una decisión tomada sobre el carbón antes de entrar en el Gobierno?

-Pensamos que sí. Sus intereses están en otros sectores de producción de energía. La única noticia positiva hasta ahora fue el cese del anterior secretario de Estado de Energía.

-¿No hay margen para frenar el desmantelamiento del sector?

-Si no se pagan de inmediato las ayudas, el margen es mínimo. No tenemos nada a favor y tampoco contamos con apoyos políticos. A excepción de IU, y entre comillas, el resto de los partidos hace brindis al sol. No nos podemos quedar sólo en las mociones, hay que dar un paso al frente. Algunos parece que no saben lo que nos estamos jugando. Este Gobierno se atreve a todo y es capaz de hacer cualquier atrocidad. La gente tiene la memoria frágil y aunque ahora se enzarcen PSOE y PP, este problema se remonta a una decisión europea del año 2010. CC OO lo advirtió entonces y llegó a convocar una huelga en solitario. Nos tachaban de locos, pero no lo estábamos.

-¿Temen que puedan producirse despidos masivos sin el colchón de las prejubilaciones?

-La reforma laboral es contraria a todo lo que sean jubilaciones anticipadas y el Gobierno se ve claramente que no apuesta por eso. Nos habla de costes sociales, pero eso es muy ambigüo. En estos momentos existe un peligro real de que se produzcan despidos masivos sin el colchón de las prejubilaciones que han sido el sustento de estas comarcas. Sin ellas y sin actividad minera, comarcas enteras van a desaparecer. En el Suroccidente no quedaría nadie viviendo porque no existe otra cosa. En el centro de Asturias, Caudal y Nalón, se produciría un despoblamiento muy alarmante. Las organizaciones sindicales vamos a seguir luchando para que allá una reconversión ordenada, pero esa voluntad debe ir acompañada de decisiones políticas.

-¿Cómo interpreta que 48 horas antes de empezar la negociación se anuncie un recorte en la paga de los prejubilados?

-Es una vuelta de tuerca más en este conflicto. Desde que lo empezamos a negociar, en 2012, ya decíamos que era un ataque frontal a unos territorios mineros que están compuestos por la gente que vive de la minería y los prejubilados. Lo que están haciendo es un fraude de ley que es no cumplir un contrato que tienen firmado entre los trabajadores y la empresa. Es un problema de voluntad política que tienen que resolver en el menor tiempo posible. El colectivo de prejubilados es amplio y solidario, sabe que conseguir lo que se consiguió costó mucho trabajo y están dispuestos a movilizarse.

-Pero el desgaste de las últimas movilizaciones está aún latente.

-El sector minero está acostumbrado a sufrir. La huelga del 2012 y la marcha minera se va a recordar cuando pasen muchos años como una lucha numantina y, si ahora mismo vuelven a atacarnos, el movimiento de los trabajadores y el sindical con tasas de afiliación de 97-98% estará organizado e intentará combatir estas medidas de la mejor manera posible.