Otero acumulaba poderes «inusuales» y se rodeó de «docentes que se extralimitaban»

«Todos los expedientes que se realizaron en la consejería de Educación fueron tramitados según la normativa vigente y con la supervisión y firma de quienes tenían la competencia para ello: secretario, secretario general técnico, intervención y consejero. Como directora general, yo no tenía ninguna competencia para firmar contratos menores ni de material». Fueron las palabras que el 19 de febrero pronunció María Jesús Otero ante la comisión del 'caso Renedo'. Trataba así de alejar la sombra de los supuestos delitos que pudo cometer en la consejería y a los que responde su imputación en la causa que instruye el magistrado-juez Ángel Sorando.

Ayer la comisión aprovechó la comparecencia de cinco altos funcionarios que en distintas épocas ocuparon la Secretaría General Técnica de la Consejería de Educación para saber qué había de cierto en esa afirmación. Y hubo una pregunta recurrente: ¿Tenía la dirección general de Planificación, Centros e Infraestructuras -la de Otero- competencias de contratación? «Sí, claramente», respondió Begoña Fernández, secretaria general técnica de Educación de 2009 a 2010.

Los directores de los cerca de 500 centros educativos públicos tienen autorización para realizar contratos menores -por un importe inferior a 60.000 euros en el caso de obras y de 18.000 si se trata de servicios o suministros- pero «la responsabilidad era de la dirección general de Centros. Era a quien los centros debían rendir cuentas», subrayó Begoña Fernández. Este control era exclusivo de la dirección de Otero «sin que la secretaría general técnica tuviese esa competencia», abundó Ana María Fernández Miguélez.

«Era la dirección la que detectaba las necesidades a satisfacer en cada centro», agregó Fernández Miguélez. «La selección de los productos que se servían a los centros, los encargos, la determinación de las necesidades y la recepción se llevaba a cabo por el centro gestor, en este caso, la dirección general», apuntó.

El círculo se abría y cerraba en un departamento que tenía bajo su dependencia a la Oficina Técnica de Obras y Proyectos, grupo de arquitectos que en otras consejerías responden ante el Secretario General Técnico para salvarlo de injerencias. Estar al cargo de una plantilla como la docente (miles de profesores con normas distintas al resto de funcionarios) y que el año de actividad esté ligado al curso escolar y no al ejercicio presupuestario hacía de Educación una consejería distinta, pero estas anomalías llamaron la atención.

El organigrama «rompe con el esquema habitual de cualquier consejería en cuanto a la centralización de la contratación y asuntos técnicos», admitió Pablo Fernández Porrón. «Efectivamente, es inusual en el resto de consejerías que la planificación, la ejecución y la unidad técnica de obras dependan del mismo departamento», confirmó su sucesor, Vicente Hoyos, quien intentó sin éxito convencer a José Luis Iglesias Riopedre de reajustar ese desequilibrio de poder. La acumulación de facultades no tiene que ser en sí mala, opuso Elena Garzo: «El grado de riesgo depende de la persona que trabaje allí, si todo funciona adecuadamente no tiene por qué haber riesgo».

Precisamente en el factor humano es donde Fernández Porrón encontró disfunciones. Tras controlar gastos en Hacienda y Cultura, llegó a Educación a mediados de 2006 y «se notaba la necesidad de personal funcionariado del Cuerpo Superior», esto es, especialistas en Derecho y Economía. Los puestos que deberían desempeñar estaban ocupados «por un exceso de personal docente que estaba en comisión de servicio, eran 60 ó 68, ejerciendo funciones de control presupuestario que poco tenían que ver con lo docente». La Secretaría General Técnica estaba así privada de atribuciones que le son habituales y en cambio «había un personal docente que se extralimitaba». ¿En qué sentido? «Si yo ejerzo de veterinario y actúo como tal, los animales sufrirán», ejemplificó Porrón. Entre las numerosas jefaturas de servicio ocupadas por docentes, el exsecretario señaló el caso concreto de la 'número 2' de Otero, cuya firma conformó las facturas de parte de los contratos bajo sospecha.

Estas cosas ocurrían en una consejería que, sobre el papel, aplicaba todos los controles. Existía incluso una instrucción interna -no escrita- que recomendaba pedir precio a tres empresas para la adjudicación de un contrato menor, cosa que la ley no requiere. Cuestión distinta era comprobar si las sociedades en supuesta puja partían de empresas distintas o tenían mismo dueño. Interrogada por Ignacio Prendes, Begoña Fernández aseguró que «controlábamos la adecuación del procedimiento a la norma. En cada uno de los procedimientos, la norma te exige una documentación u otra. Saber por ella si una empresa está participada por otra y si ésta otra, a su vez, lo está por un tercero es casi imposible», justificó. «Si la empresa quiere defraudar a la Administración es imposible de detectar, desde mi punto de vista», añadió.

Filtros y controles

«¿Que esas empresas no tuvieran el mismo administrador lo controlaban?», insistió Prendes, quien exhibió varios concursos en los que las tres empresas invitadas a participar pertenecían al empresario de Igrafo. «En los casos de los negociados sin publicidad se pide la escritura de constitución de la empresa y lo que se miraba es que tuviera la capacidad de contratar dentro del marco normativo que existía». En el resto no actúa dicho filtro porque no lo pide la ley. «Los controles se aplicaban, aunque parte de ellos son más bien formales y mecánicos y no procedimientos de buena gestión», concedió Hoyos.

El exsecretario admitió que le «llamó la atención» la concentración de contratos en Igrafo y APSA, pero cuando preguntó a la dirección general por el asunto «me explicaron que eran los más rápidos y los que tenían caso todo el material educativo homologado». Aunque no coincidió con su etapa, sí recuerda que también fue la propia dirección la que marcó las especificaciones técnicas que debían cumplir los suministradores que quisieran homologar sus pupitres y escritorios.