La fiscalía antidroga pide a los jueces que destruyan los alijos custodiados desde 2006

El pasado año los narcotraficantes dieron dos golpes que escocieron de manera especial. En abril se hicieron con 31 kilos de cocaína y heroína guardados en el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses de Sevilla. Seis meses después y mediante un butrón, una banda se llevó una importante cantidad de estupefacientes del almacén que la Subdelegación del Gobierno tiene en Cádiz. A falta de cálculos oficiales, el hurto se estima en 200 kilos de cocaína y 100 de hachís.

Las noticias dejaron al descubierto la precaria situación de los depósitos donde se guardan los alijos a la espera de la orden judicial que permita su destrucción. Sindicatos policiales y la propia fiscalía vienen alertando del desfase entre la cantidad acumulada y los medios para vigilarla. O la Administración ampliaba los almacenes, o los jueces deberían agilizar la destrucción de los alijos, aceptando conservar sólo muestras concretas de los mismos en lugar de toda la droga intervenida.

Eduardo Torres-Dulce, fiscal general del Estado, terció en la polémica el pasado 3 de diciembre, dictando una instrucción a todos los fiscales: la orden es la de «interesar con carácter general, salvo excepciones muy justificadas, la destrucción de la droga en los diferentes procedimientos penales (...), conservándose muestras suficientes con la finalidad garantista de hacer posibles ulteriores análisis cualitativos». El edicto anima a los fiscales a no contentarse con pedir la destrucción de los alijos; en caso de que los jueces de instrucción no accedan a la pretensión «los señores fiscales utilizarán el régimen de recursos procedentes».

El fiscal general justificaba la iniciativa en «la situación generada por los depósitos de sustancias intervenidas en delitos contra la salud pública» y que «lejos de solucionarse, en la actualidad ha llegado a ser especialmente preocupante por cuanto la acumulación de sustancias intervenidas sobrepasa la capacidad de almacenamiento y obliga a que una parte de los productos intervenidos sean custodiados en lugares inapropiados». La existencia de depósitos «masivos y prolongados en el tiempo comporta elevados costes para la Administración, sin que en la mayoría de los casos implique beneficio o utilidad alguna».

La instrucción está siendo ya aplicada en Asturias. La Fiscalía Antidroga de la región «ha solicitado a numerosos juzgados la destrucción de alijos incautados y almacenados en el Principado desde 2006», informó ayer el Ministerio Público. En aplicación de la orden de Torres-Dulce, los fiscales asturianos envían «oficios a órganos judiciales de toda la provincia, al considerar que el almacenamiento y custodia de estas sustancias durante un tiempo prolongado puede generar situaciones de peligro».

2.252 kilos en la región

A falta de conocer los datos del pasado año, entre 2006 y 2011 la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía se aprehendieron de 380 kilos de cocaína y 2.252 toneladas de hachís en la región. Parte de los estupefacientes proceden de las once bolsas localizadas flotando frente a la playa de San Lorenzo y que contenían 220 kilos de coca, un episodio aún sin autor identificado. La droga habría alcanzado los 12 millones de euros en el mercado. Entre los principales decomisos de hachís están los 1.286 kilos de la Operación Pegaso, una redada coordinada con agentes de Sevilla, Cádiz y Málaga.

Una vez registrada en las comisarías, la prueba del delito pasa al depósito de Sanidad Exterior de Avilés. En ocasiones la droga se ha tenido que guardar en las dependencias que la Agencia Tributaria tiene en el centro de Oviedo, donde una vez permanecieron casi 200 kilos de hachís a la espera de destino.

Corresponde al juez autorizar los movimientos. La posibilidad de que las defensas pidan una pericial sobre las sustancias -con la esperanza de que rebaje su calidad y posterior valor de mercado- mueve a los magistrados a conservar el alijo intacto hasta que la sentencia sea firme, algo que, en ocasiones, no llega hasta pasados cuatro o cinco años. Para salvar esta garantía, la Fiscalía Antidroga asturiana está solicitando «la destrucción de alijos completos, quedando las muestras para posibles diligencias que pudieran ser necesarias».

El último viaje que emprende la droga intervenida en toda España le lleva en la mayor parte de los casos hasta el centro de Asturias. El Ministerio del Interior organiza convoyes de trailers llenos de droga, escoltados por agentes armados, que carbonizan la sustancia en el horno de Cogersa. Los operativos se libran con discreción, en ocasiones vigilados por helicópteros, y de los mismos no queda constancia en la memoria de actividades del consorcio. La instrucción del fiscal general amenaza ahora con incrementar estos movimientos, contra los que se ha pronunciado la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), al entender que «los viajes hasta Asturias son un riesgo y, además, ralentizan y encarecen el proceso».