Un decreto del franquismo impone las sanciones a los universitarios

La vidriera que corona la biblioteca del edificio histórico de la Universidad de Oviedo con el lema 'Una, grande, libre' no es la única rémora franquista que queda en la institución académica asturiana: las sanciones a las que se enfrentan los estudiantes que cometen alguna falta se rigen por el Decreto de 8 de septiembre de 1954 por el que se aprueba el Reglamento de Disciplina Académica de los Centros Oficiales de Enseñanza Superior y de Enseñanza Técnica dependientes del Ministerio de Educación Nacional. Una norma de hace sesenta años, diseñada principalmente a controlar el orden público en las universidades e inspirada en un Real Decreto de 1 de enero de 1906, lo cual es «un absurdo que data de la época de Joaquín Ruiz-Giménez, ministro de Franco», carga el vicerrector de Estudiantes, Luis Rodríguez.

«Esta norma nos deja descolgados en un asunto tan importante como la disciplina», explica Rodríguez, que, al igual que el Defensor Universitario, Ramón Durán, reclama al Gobierno central una actualización legislativa para hacer frente a situaciones como la vivida recientemente, cuando un grupo de estudiantes llegó a enfrentarse al rector, Vicente Gotor, en un ataque inédito en la Universidad que quedó registrado por las cámaras.

Como el responsable de Estudiantes asturiano, la Sectorial de vicerrectores lleva años pidiendo la puesta al día de la norma. Sin resultados, eso sí, toda vez que «los ministerios de Educación y Justicia se lanzan mutuamente la pelota».

Las últimas oportunidades de conseguirlo fueron el Real Decreto de 2010 por el que se aprobó el Estatuto del Estudiante Universitario, «que dice que se estudiará su modificación», pero que, al final, se quedó cojo, sin hacer mención a las cuestiones disciplinarias, y una Ley de convivencia y disciplina académica en la enseñanza universitaria que no pasó de borrador en 2011.

Sentencias del Constitucional

Si a eso se suman varias sentencias del Constitucional que dejan sin efecto las sanciones del texto del 54 que atentan contra la Carta Magna, como aquellas que penalizan «las manifestaciones contra la religión y la moral católicas», la consecuencia es que muchas de ellas no son aplicables. Por no mencionar que «faltas como las de carácter telemático, las referidas a trabajos en grupo o al plagio no se contemplan, por lo que «es necesario actualizar el decreto ya», toda vez que en la Universidad han pasado muchas cosas en los últimos años».

Así es como, mientras que Gotor decide si solicita que se analicen los hechos y se convoca el correspondiente comité de disciplina, en la institución han intentado poner parches a problemas de hoy, como incluir una sanción académica en su reglamento de evaluación que dicta que «quien es pillado copiando in fraganti suspende en el acto».

Lo que, por el momento, ha escapado a la polémica es la capilla de la Universidad, otro anacronismo en una institución pública de un Estado aconfesional, a decir de algunos.