Wert insta a los universitarios a estudiar en función del empleo y no lo que ellos quieran

Se acabó lo de estudiar en función de la vocación o los intereses. A partir de ahora, lo más conveniente para quienes se disponen a comenzar la etapa universitaria es elegir la titulación que se va a cursar teniendo en cuenta los sectores más y menos castigados por las cifras del paro. Eso fue, al menos, lo que defendió el ministro de Educación, José Ignacio Wert, que aconsejó que, en lo sucesivo, se debería «inculcar a los alumnos universitarios que no piensen sólo en estudiar lo que les apetece o en seguir las tradiciones familiares a la hora de escoger itinerario académico, sino a que piensen en términos de necesidades y de su posible empleabilidad».

El siempre polémico Wert sugirió, además, que «en algo estará fallando» el sistema universitario «si menos de la mitad de los titulados lo son en Ciencias Sociales. «Eso quiere decir que no estamos siendo eficaces a la hora de mandar señales a quienes entran en el mundo universitario», subrayó el máximo responsable de la educación en España, a quien la consejera asturiana del ramo, Ana González, respondió muy poco después con contundencia: «El ministro debería saber que una persona es mucho más que un trabajo. Educarse es mucho más que ser mano de obra barata».

González, invitada por la Agrupación Socialista Gijonesa a ofrecer una ponencia sobre la denominada 'Ley Wert', reprochó al ministro que «habla más de lo que calla» y que, en el fondo, le traiciona el subconsciente, ya que su reforma educativa responde a un clara intencionalidad «ideológica».

Wert hizo esas declaraciones tras participar en la presentación de un estudio sobre producción científica en los países iberoamericanos, porque, según el ministro, España «no se debe conformar» con compararse «con países maduros en el ámbito de producción científica», sino que también «debería compararse con los emergentes» que, a su juicio, le «llevan ventaja». Un acto en el que la secretaria de Estado de I+D+i, Carmen Vela, señaló que «la colaboración universidad-empresa es la eterna historia» y que durante años ha sido «difícil unir conocimiento y producción». Y, por eso, en su cualificada opinión, «España no debe perder la capacidad de colaboración, porque cuando es capaz de colaborar las cosas salen bien».

Lo mismo defendió, aunque de forma más crítica, la presidenta de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Adelaida de la Calle, que instó a que ambas partes de la cadena productiva «trabajen juntas».

«Las universidades se adaptan a todo y pueden hacer lo que la industria le pida», aseguró, aunque precisó que, «para mejorar su situación», también hacen falta empresas que utilicen sus patentes».

En cuanto a los resultados del informe presentado ayer, destaca que España es el país líder entre los Estados Iberoamericanos en producción científica y tecnológica y señala la producción de resultados de investigación y el registro de innovaciones en un ámbito tan exigente como el estadounidense.

Tres días de huelga

El informe, que abarca los datos recogidos en este ámbito entre 2003 y 2009, determina que España obtuvo un total de 1.166 patentes en la Oficina Internacional de Patentes de Estados Unidos (USPTO), lo que representa un 53% de las patentes concedidas a países iberoamericanos en ese período. Además, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) fue el organismo iberoamericano que más registró, con 83 innovaciones.

También son españolas la mayoría de las universidades iberoamericanas que protegieron sus resultados de investigación científico-tecnológica mediante patentes en Estados Unidos. Concretamente, el informe señala 23 universidades españolas que obtuvieron patentes en Estados Unidos entre 2003 y 2009, seguidas muy de lejos por universidades de Chile, Portugal y Brasil. En concreto, las tres primeras universidades iberoamericanas por número de patentes en EE UU fueron la Universitat Politècnica de València (37), la Universidad de Sevilla (11) y la Universidad de Salamanca (9).

Pues bien: esos buenos resultados corren peligro, según el Sindicato de Estudiantes, que ha organizado 750 comités de huelga y 500 piquetes informativos para explicar hoy en centros de Secundaria y en servicios como la sanidad los motivos de la movilización escolar de esta semana «contra los recortes sociales», la reforma educativa que prepara el Gobierno y en defensa de la escuela pública.

Esta segunda «semana de lucha» convocada por el Sindicato de Estudiantes en toda España (en octubre ya hubo otra) consiste en encierros y asambleas en centros educativos y tres días de huelga del alumnado de Secundaria pública (de tercero y cuarto de ESO, Bachillerato y FP), además de en manifestaciones del alumnado en más de treinta ciudades, mañana, y de toda la comunidad educativa, el jueves, incluidos el profesorado y los padres y madres.

También han convocado, de manera separada, las asambleas de la Unión Interinstitutos de Madrid y Estudiantes en Movimiento.

El Sindicato de Estudiantes quiere, además, que la movilización sea también un «clamor social» para que todo el Gobierno dimita por los «papeles» del extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, publicados en la prensa. En caso contrario, posiblemente haya una «rebelión juvenil y social», advirtió en una conferencia de prensa el secretario general de la central, Tohil Delgado.

La movilización cuenta con el apoyo de Izquierda Unida, los estudiantes de Faest y la Plataforma Estatal en Defensa de la Escuela Pública, de la que forman parte también los sindicatos CC OO, FETE-UGT, STES y CGT, así como de los padres de la Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos (CEAPA), que en esta ocasión no ha pedido a las familias que dejen a los alumnos en casa, pero que estarán vigilantes para que aquellos estudiantes que quieran secundar la huelga puedan hacerlo sin presiones de los centros.

No obstante, la Plataforma en Defensa de la Escuela Pública de Andalucía sí ha convocado una «huelga» de padres para el día 7 y la Asamblea Canaria por la Educación Pública ha pedido a las familias que en estos tres días intenten que los hijos «no vayan a los centros en señal de protesta» contra los ajustes del Gobierno central y del autonómico.

Mientras, en el Principado, la Confederación Asturiana de Madres y Padres de Alumnos de centros públicos (COAPA) también hizo un llamamiento a las familias, «para que hagan el esfuerzo de participar y facilitar la asistencia de sus hijas e hijos a las movilizaciones», y a los directores y el personal docente «a sumarse a este lucha común frente a los oídos sordos de un Gobierno al que no le interesa escuchar a la mayoría social. En defensa de los intereses de nuestros hijos e hijas, del futuro que representan».