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ANA MORIYÓN
Miércoles, 30 de enero 2013, 02:53
El Ayuntamiento de Colunga ha puesto a disposición de la familia de Antonio Vilabella y María Lozano una vivienda en la localidad de Gobiendes para acabar con la situación ilegal en la que viven desde el pasado mes de septiembre, cuando decidieron ocupar sin permiso alguno las antiguas escuelas de Pivierda al verse en la calle con dos niñas menores, Lara y Luna, que ahora tienen cuatro años y 10 meses. Ya entonces el Ayuntamiento de Colunga les advirtió de que no podían hacer uso de este edificio, que carece de célula de habitabilidad y sólo dispone de luz de obra, pero se ofreció a buscar una solución para esta familia, procedente de Madrid, que llegó al concejo de Colunga en abril de 2012. «Les ofrecimos una ayuda al alquiler o disponer de la antigua casa de maestros de la localidad de Gobiendes durante cuatro meses, corriendo el ayuntamiento con los gastos de luz y agua. Optaron por la segunda opción», recuerda el alcalde, Rogelio Pando.
Lo que ninguna de las partes pensaba entonces era que la vivienda de Gobiendes no iba a cumplir las expectativas de sus futuros inquilinos que ahora -después de que el ayuntamiento tramitara su cesión temporal por emergencia social e invirtiera «unos 6.000 euros» en renovar la instalación eléctrica en cumplimiento a una normativa de Hidroeléctrica por haber dado de baja la luz durante un tiempo- se niegan a mudarse. «La vivienda tiene muchos problemas, tiene humedades, el entorno está en malas condiciones y la barandilla de la escalera es peligrosa porque es demasiado baja», enumera Antonio Vilabella. Desde el Ayuntamiento de Colunga no comprenden las exigencias de la familia okupa, que ya está recibiendo apoyo por parte de Cáritas y Cruz Roja en forma de alimentos, y del propio Ayuntamiento de Colunga para subvencionar el material escolar de la mayor de las niñas. «Les estamos ofreciendo un techo en el que vivía una persona hace un par de años y que está perfectamente apto para vivir», responde el primer edil. La familia anuncia que comenzará a recoger firmas para impedir que les expulsen de las viejas escuelas de Pivierda y dicen contar con el apoyo de los vecinos.
Antonio Vilabella tiene 30 años y es fontanero de profesión aunque llegó a Asturias tratando de escapar de la crisis con un proyecto medioambiental en mente que finalmente no cuajó. Asegura no tener «ningún recurso» y lamenta que se le esté tratando como «un delincuente» y «un desecho social», lo que le está perjudicando a la hora de encontrar un empleo.
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