El Principado exige al ministerio que el 'apagón' en las carreteras «no afecte a la seguridad»

Desde el verano de 2010, el Ministerio de Fomento reformó tres veces sus reglamentos sobre iluminación en carreteras. Los cambios amparan la desconexión de farolas. En las autovías asturianas del centro, Oriente y Occidente un equipo de EL COMERCIO pudo constatar hace unos días que son cientos las luminarias sin luz. La prioridad ahora es la de contener el gasto y por ello, donde aún se mantienen encendidas, ha menguado la potencia.

La última directriz ministerial, de junio de 2012, lo deja claro: el Estado ya sólo se compromete a mantener iluminados los túneles, glorietas, traviesas, 'puntos negros' y tramos donde circulen más de 80.000 vehículos al día (60.000 cuando haya lluvia). En todo lo demás, «la iluminación no es un elemento necesario (...) sino que es una mejora de la red», repite Fomento. Como consecuencia de esta normativa, las demarcaciones de carreteras están dando de baja el 'término de potencia' (tarifa que se paga en concepto de la potencia contratada) en los tramos que ya se habían quedado sin luz. La primera que ha hecho pública esta cancelación de los contratos es la oficina cántabra.

La Administración asturiana no parece dispuesta a hacer un caballo de batalla del asunto, si éste se rige por principios asumibles. Son tiempos de escasez y «seguro que es necesario racionalizar el consumo y el gasto», admite Juan Fernández Pereiro, director general de Infraestructuras del Principado. El 'número dos' de la Consejería de Fomento señala, eso sí, cuál debe ser el límite: la racionalización del consumo eléctrico se debe acometer «pero no debe afectar a la seguridad vial», exige.

«Hay sistemas reductores para las luminarias, bombillas tipo 'led' que permiten ahorrar manteniendo las condiciones de seguridad», propone. Según su análisis, la red de titularidad autonómica «está bien atendida, pero hay que hacer un esfuerzo de racionalización y eficiencia».

Más críticos se muestran los conductores, para quienes «esta política no tiene sentido». Al menos, así lo entiende Manual Arnaldo, presidente de Automovilistas Europeos Asociados: «Mientras la Administración plantea la necesidad de llevar las luces de cruce puestas durante el día porque aportan más seguridad a la carretera, resulta que te las apagan por la noche para ahorrar».

El colectivo desestima los argumentos económicos con los que Fomento viene justificando esta política. En abril de 2011 el entonces ministro José Blanco reconoció, en público y por primera vez, que 14.854 puntos de luz habían sido apagados durante el semestre anterior, procurando «un ahorro en el consumo energético de 1,35 millones». «No parece una cifra por la que merezca la pena aumentar los riesgos en la carretera como se está haciendo», estima Mario Arnaldo.

«Lo que más cuesta es poner iluminación en la red, y ahora que está, no la utilizamos», abunda. El ejemplo de lo que dice está en el tramo Otur-Villapedre, que ejecutan aún Ferrovial y Oca. Para diseñar la iluminación de estos 9.350 metros de calzada, los ingenieros siguieron las 'Recomendaciones para la iluminación de carreteras y túneles' válidas desde 1999. Sus parámetros están forzando ahí la instalación de báculos, centros de transformación y luminarias por valor de 1,28 millones, según reconoce el pliego con el que se licitó la obra. Después del trabajo, todo indica que parte de la instalación quedará sin uso, para ahorrar en electricidad.

La longitud de Otur-Villapedre supone sólo el 0,03% de toda la red que Fomento gestiona en todo el país. A pesar de su escaso peso, la factura que ocasiona ponerle iluminación al tramo equivale casi a lo que se ahorró el ministerio apagando 14.854 puntos de luz en toda España. Siguiendo los números del segmento más inmaduro de la A-8 en el Occidente, se puede estimar en 110 los millones que le habrá costado a Fomento sembrar de farolas sus carreteras en la región, un activo que ahora tiene a medio gas.

«Me niego a pensar que en su día pusimos todas esas farolas por ornamentación», opina por su parte Raimundo García, presidente de la Asociación Española de Accidentología Vial. Con el apagón, «lo que hacemos es trasladar más responsabilidad al conductor, que es un ser humano y como tal, ya está programado para fallar», señala. Asumiendo esta premisa, «lo más seguro, siempre, es que la Administración reduzca al máximo las opciones que tiene el usuario de equivocarse», asegura.