Un informe eleva a 41.224 las ayudas a la dependencia a beneficiarios fallecidos

El Tribunal de Cuentas ha confirmado y puesto cifras a la pésima gestión de la ley de Dependencia. La absoluta descoordinación entre las distintas administraciones (autonómica y central) tuvo su principal reflejo en la falta de actualización de la base de datos de dependientes y supuso un importante perjuicio al erario público. El Tribunal, en un informe preliminar que fiscaliza los aspectos económicos de la normativa entre los años 2007 y 2011, enumera las principales negligencias: «Se ha detectado información no actualizada, existencia de beneficiarios fallecidos, duplicidades, DNI incorrectos, falta de homogeneización de datos entre las comunidades autónomas y retraso en la comunicación de la información». En su análisis, el organismo descubrió que hasta 41.224 dependientes fallecidos todavía permanecían en los registros como beneficiarios de ayudas. Otros 1.363 expedientes estaban duplicados, 40 de ellos en Asturias, y 3.115 personas recibían una prestación superior al máximo permitido, 104 de ellas, en el Principado. Todos estos defectos tuvieron un coste superior a los 175 millones de euros para el Estado.

El informe critica la «falta de comunicación» de los decesos por parte de los Gobiernos regionales provocando «la obtención de una financiación indebida». Y es que el Estado, a través del Imserso , continuaba pagando a las comunidades su parte correspondiente a la prestación, si bien Asturias ya ha precisado que en ningún caso dichas ayudas llegaron a las familias de los fallecidos y que ese dinero se devolvió en las liquidaciones anuales.

El ministerio de Ana Mato reconoció durante el último Consejo Interterritorial de Dependencia de enero la existencia de 30.000 dependientes fallecidos registrados. Sin embargo, el número que desvela el Tribunal de Cuentas es superior. El total hasta el 30 de abril de 2011 ascendía a 41.224 personas. El Imserso dio de baja a 29.169 personas a instancias del Tribunal y logró recuperar 140 millones de euros por las «liquidaciones indebidamente efectuadas». Pero además, el Tribunal detectó otras 12.055 personas por las que el Imserso «seguía pagando indebidamente a las comunidades autónomas» 29 millones de euros, aún por recuperar.

Asturias, fiscalizada

En el informe, el Tribunal de Cuentas fiscalizó en profundidad a Asturias, Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Madrid y Canarias. En esas seis regiones se encontraron pagos indebidos del Imserso por 220 millones, debido a 35.437 expedientes computados como dependientes con prestaciones, aunque en la base de datos de las comunidades no estaban registrados. Las propias comunidades autónomas dejaron de percibir 70 millones por el caso contrario, es decir, dependientes que figuraban en los sistemas de las autonomías, pero no del Estado.