Currar sin cobrar

Para Elías Barrero todos los días son noches. No importa que sean las tres de la tarde o la hora de la cena: cuando inicia su jornada laboral todo se vuelve húmedo y oscuro. En el interior de la mina de Cerredo le arranca a la tierra el carbón que alimenta a su esposa, a sus dos hijos y a la cifra de negocio de la empresa Coto Minero Cantábrico, propiedad de Victorino Alonso. Hasta hace dos años el pacto se cumplía; él hacía su trabajo y a cambio, a mes cumplido, la cuenta de su banco engordaba con el pago de la nómina. Hasta que el acuerdo dejó de cumplirse: lleva a cabo su tajo, pero la paga no llega desde hace tres meses, y a los atrasos se les espera desde 2010.

«Cuando llegaban las ayudas del carbón no había problemas en cobrar. Y no creemos que sea esa la causa para que no lleguen las nóminas. Para otros gastos sí que hay», explica este picador que, a pesar de su situación, cree que hay otros que lo están pasando peor. «Estoy mal, pero los compañeros que van al ERE (un expediente con el que se pretende despedir a 169 de los 261 trabajadores de Cerredo y Tormaleo) están peor», señala.

El caso de Elías Barrero se multiplica en Asturias, aunque es difícil ponerle una cifra. Ni el Gobierno del Principado ni los sindicatos mayoritarios se atreven a aventurar el número de personas afectadas por impagos en Asturias. El Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos tiene un dato que permite identificar a una parte de los afectados, aquellos que han solicitado sus servicios de mediación y cuyos casos han acabado en una huelga. «Hemos cerrado el año 2012 con 1.194 casos. El año anterior fueron 644 las personas con este perfil», explican desde este organismo.

Pero, ni todos los impagos llegan al Sasec, ni todos los casos de este tipo que tratan se recogen en esta parte de la estadística. Lo explica el secretario de Políticas de Desarrollo del sindicato CC OO, Gilberto García. «Es difícil estimar. Son casos que afloran en el último momento. Es un fenómeno que se desata cada vez más. Antes de perder el trabajo, aguantan lo máximo que pueden».

Pero, ¿por qué aguantar? La respuesta obvia sería el contexto económico de la región, donde el número de parados llega ya a la cifra de 114.100, donde se destruyen 140 empleos al día, donde los Expedientes de Regulación de Empleo crecieron un 52,2% y, dentro de este grupo, los de extinción se dispararon un 129,58% el año pasado. «Es perder un trabajo y no poder conseguir otro. El miedo es enorme», señala Gilberto García.

El diagnóstico del secretario de Políticas de Desarrollo de CC OO tiene reflejo en los casos individuales que todos los días llegan a su sindicato. José Andrés García trabajó siete meses de 2012 en la firma Maes, una subcontrata de Hunosa que realiza labores de mantenimiento. Tras su liquidación a finales de noviembre, aún le deben dos nóminas. «Cuando estás en esa situación pones buena cara y bajas igual. Pero hace unos años te digo yo que no aguantaba. Dejaba el trabajo y buscaba otra empresa».

«Que no se vaya de rositas»

No solo el miedo influye. Juan, un pintor de 51 años que trabaja en un taller de Avilés y que prefiere ocultar su identidad, empezó su vida laboral a los 17 y nunca le ha faltado donde desarrollar su oficio. Por primera vez, después de haber pasado por «tres o cuatro empresas», se ve en la situación de tener que pelear para que le abonen sus dos últimas nóminas y una paga extraordinaria que aún no han llegado a su banco. «Nunca tuve un problema para encontrar un trabajo. Dejaba uno para entrar en otro. Ahora mismo la cosa está difícil y aguantas más».

A la dificultad para encontrar un trabajo se unen en su caso los derechos adquiridos durante los últimos quince años. Renunciar por voluntad propia a su puesto supondría también dejar de percibir una indemnización que no quiere perdonar a quien le contrató hace más de una década, y ahora no le paga. «No tengo cargas familiares y, de momento, voy capeando para pagar la hipoteca. No quiero que el empresario se vaya de rositas».

«Quiero que se haga justicia»

Tampoco Luis Ángel Meré, camionero de 44 años, está dispuesto a perdonar ni un solo euro de los cerca de 13.000 que le debe solo en nóminas el grupo Hermanos Cortés, propietarios de la empresa Traselnor, para la que ha trabajado los últimos 13 años. Sabe que no será fácil. Desde julio del pasado año sin que entre una nómina en casa, espera a que llegue el 10 de febrero para percibir su primera mensualidad de paro, después de que los propios trabajadores de la firma hayan forzado la presentación de un ERE de extinción para poder tener algún ingreso. «Si dejas de trabajar pierdes la indemnización. Esta empresa siempre fue rentable. Trabajábamos para Hiasa, Arcelor, Dupont y Feve, firmas que pagan como un banco. Esta gente cogió una empresa rentable y la usó para tapar agujeros de otras del grupo. Se estaban riendo de nosotros y sólo quiero que se haga justicia con estos empresarios».

Aguantar todos estos meses no ha sido sencillo. Con un trabajo estable, Luis Ángel Meré decidió en 2002 hacerse con «un buen piso» en el centro de Avilés. Más de una década trabajando había dejado unos ahorros con los que podía hacer frente a los pagos. «Tuve que venderlo. Y digo venderlo por no decir regalarlo. He tenido que deshacerme de lo ahorrado en 22 años».

A este camionero que ha tenido que adelantar dinero para pagar sus propias dietas cuando comenzaron los problemas de impagos a principios del año pasado, o decidir cruzar a León «jugándotela por Pajares» porque «las tarjetas de la empresa para el peaje no tenían fondos», aún le queda una oportunidad de recuperar, al menos, parte de lo que le deben. Traselnor era una firma propiedad de Hiasa, del Grupo Gonvarri. Cuando Hermanos Cortés se hizo con la compañía, se firmó un acuerdo que permitía la reincorporación de trece trabajadores veteranos a la firma inicial. «Es lo que estamos peleando. No sabes si luego te van a liquidar o no, pero al menos cobras la liquidación», señala.

Fondo de Garantía Salarial

La deuda salarial es aún más complicada. «No te dejan ir a los juzgados hasta que no acumules tres meses sin nómina y luego se declaran insolventes, no te pagan y aquí no pasa nada. El empresario sigue con sus coches y su piso de lujo y monta otra empresa a nombre de un familiar. Y encima de lo mismo».

Su otra pelea jurídica está ahora en lograr el abono de los salarios adeudados a través del Fondo de Garantía Salarial. Una mezcla de indignación y miedo confluyen en sus palabras cuando habla del tema. «Voy a cobrar de ellos menos de la mitad de lo que me corresponde. Pero es que además ahora dicen que no hay dinero para este fondo».

En el sector de los transportes se ha movido casi toda su vida Juan Ramón Solís, conductor de la empresa Roces durante los últimos treinta años y delegado sindical en la firma. Entre nóminas pagadas «a medias» y otras que ya faltan enteras, le adeudan «8 meses, unos 15.000 euros».

Su caso es peculiar y revela, según expone, otra más de las motivaciones que puede llevar a una empresa a dejar de pagar a sus trabajadores. «Es cierto que la carga de trabajo ha bajado en los últimos meses, pero antes había trabajo. Han perdido contratos importantes, pero porque han hecho una muy mala gestión. Cuando empezaron los problemas de impagos no era por falta de dinero, sino por acoso», sostiene.

Esos primeros problemas se desataron cuando un grupo de trabajadores denunciaron las condiciones de los autobuses de la empresa, iniciando un enfrentamiento abierto «después de mucho hablar con el empresario, intentado que imperara el sentido común».

Juan Ramón Solís, a sus 55 años, tiene a sus dos hijos «bien instalados» y sabe que ellos le pueden echar una mano. Una herencia recibida recientemente le ayuda a seguir tirando. «Por experiencia creo que podría encontrar otro trabajo fuera de aquí. Pero cuando crees que te asiste la razón intentas luchar. Lo que no sé es, psicológicamente, cuanto tiempo podré aguantar».