Ante el Parlamento por el 'caso Renedo'

El expresidente Vicente Álvarez Areces y la mitad de los consejeros que lo acompañaron en su última legislatura al frente del Principado regresarán al Parlamento asturiano para rendir cuentas sobre el 'caso Renedo'. Así lo acordaron los diputados que componen la comisión de investigación y que aspiran a «no dejar ni una puerta sin abrir, ni alfombra por levantar», según definió el presidente del órgano, Ignacio Prendes. Los grupos pusieron ayer sobre la mesa sus propuestas de comparecencias, pactando por mayoría aceptar todos los nombres, salvo los de quienes no formaban parte de la Administración autonómica entre 2007 y 2011 ni contrataron con ella.

El límite impide citar al secretario general de la Federación Socialista Asturiana y hoy presidente, Javier Fernández, y al anterior delegado del Gobierno, Antonio Trevín. Foro Asturias había interesado el interrogatorio de ambos pero se encontró con el voto en contra del resto de formaciones y la abstención de UPyD. «El criterio muy mayoritario es que abrir una causa general a los partidos no era procedente», explicó Prendes. Cruzar «esa puerta era una temeridad y podría deslizarnos a todos por la misma pendiente», agregó el portavoz socialista, Fernando Lastra. «Nosotros no vamos a participar de una operación de maquillaje», advirtió desde Foro Cristina Coto.

Al margen de Fernández y Trevín, la comisión dispone de medio centenar de nombres con los que trabajar. La previsión que maneja Prendes es la de negociar la semana que viene un calendario de comparecencias, y a continuación enviar las citaciones. Además del expresidente y hoy senador Vicente Álvarez Areces, serán convocados los exconsejeros José Luis Iglesias Riopedre, Ana Rosa Migoya, Encarnación Rodríguez Cañas y Francisco González Buendía, todos alejados hoy de la política. Jaime Rabanal y Belén Fernández forman la nómina de más alto rango que aún tienen responsabilidades en el Principado. El primero era titular de Hacienda y ahora es el gerente del área sanitaria IV; Fernández fue viceconsejera y consejera de Medio Ambiente en la VII legislatura y en la actualidad rige la Consejería de Fomento. Luis Iturrioz, ex viceconsejero de Modernización, cerrará el primer escalafón de los interrogados.

En cuanto reciban la citación, todos quedan obligados a comparecer en la Junta General. De no hacerlo, el Código Penal les considera reos de un delito de desobediencia, con suspensión de empleo y cargo público (de ocuparlo) y prisión de seis meses a un año si faltan a la verdad en su testimonio. El reglamento de la Junta General permite a los comparecientes no declarar contra sí mismos ni confesarse responsables de un delito. Pueden acudir acompañados de un abogado si así lo advierten y pasar a la Cámara los gastos que se deriven de la asistencia.

El riesgo de los imputados

La norma constriñe la aportación que puedan hacer a la comisión los imputados por el magistrado-juez Ángel Sorando Pinilla en la instrucción del 'caso Renedo'. Iglesias Riopedre está en dicha situación, como también María Jesús Otero, Marta Renedo Avilés, y los empresarios Víctor Manuel Muñiz Menéndez y Alfonso Carlos Sánchez. Todos viven expuestos a penas de prisión y por ahora su defensa se ha basado en rehusar las invitaciones del magistrado para responder sobre determinadas extremos de la investigación. Sus abogados deberán ahora valorar si lo que más les conviene es mantener el mutismo también en la Junta General o pueden sacar algún rédito de la ventana que se les acaba de abrir.

A este nivel, las declaraciones que más juego pueden dar son las de los empresarios. Por la comisión desfilarán los administradores de Igrafo, Almacenes Pumarín S. A. (APSA) y Asac. En sede judicial han señalando cómo desde el Principado fueron presuntamente instados a emitir facturas falsas o a pagar la nómina de trabajadores de la Administración. La defensa de Víctor Manuel Muñiz, de Igrafo, propuso hace meses a Sorando que analizara los contratos resueltos bajo procedimiento negociado sin publicidad, una invitación que el instructor declinó y sobre la que el interesado podría ahora arrojar alguna luz. El capítulo empresarial incluye a los responsables del Grupo La Productora, investigados por Sorando en una pieza separada del 'caso Renedo'.

La nómina de citados incluye a la propia Marta Renedo, sus compañeros de trabajo y superiores, a los responsables del proceso de homologación de muebles y material de oficina. También a los funcionarios y técnicos de Educación encargados de tramitar las obras y suministros a los colegios.

La comisión se dirigirá en los próximos días al Principado para que, de forma urgente, identifique a quienes ocupaban otros puestos y cuya versión se quiere reclamar. Los interrogatorios comenzarán, previsiblemente a mediados de febrero y «afectarán al normal discurrir de la cámara», asumió ayer Prendes. «Habrá un calendario especial de la comisión para los próximos meses», agregó. Los diputados se dividen entre quienes proponen consagrar tres días a la semana para estas comparecencias y los que aspiran a alargar más el calendario.