Los directivos del sector público no podrán ganar más que el presidente del Principado

La ley del sector público será el paraguas que dé cobertura normativa a la reforma que el Gobierno regional ha emprendido en el conjunto de empresas, entes y fundaciones que, junto al Ejecutivo en sí, conforman la administración asturiana. Ya se había anunciado que el proyecto, que se presentará en el segundo semestre del año para su tramitación parlamentaria, reducirá el número de altos cargos y limitará sus salarios. Ahora comienza a perfilarse cómo: los directivos del sector público no podrán cobrar más que el presidente del Principado, Javier Fernández, que obtiene una retribución anual de 63.000 euros.

El sueldo de los altos cargos del sector público siempre ha sido objeto de polémica. En la Junta General del Principado todo el mundo recuerda una comisión parlamentaria, allá por 2009, en la que el PP citó a más de 50 responsables de estos entes y empresas con el objetivo de forzarles a decir en público su sueldo, sin conseguirlo en muchos casos. Aquella sesión acabó en trifulca y los populares siguieron pinchando en aquel hueso durante muchos meses.

Es público y notorio que directivos de estas empresas han percibido salarios superiores a los que obtienen el presidente del Principado y sus consejeros, que, por cierto, cobran lo mismo. El caso que más repercusión levantó fue el de Víctor González Marroquín en su etapa al frente del Instituto de Desarrollo Económico del Principado (Idepa). Su nómina superaba los 100.000 euros y fue objeto de un duro ataque político por parte del PP, con cuyos diputados mantuvo tensos debates parlamentarios.

Ahora, en un contexto de severa crisis, el Ejecutivo quiere establecer un baremo salarial bien definido, como ocurre en el marco de la administración, donde el sueldo del presidente, los consejeros, los viceconsejeros y los directores generales está perfectamente delimitado. Dado que la ley todavía tardará unos meses en presentarse el diseño exacto aún está por cerrar, pero se parte de un principio general: la retribución máxima de los altos cargos del sector público no superará a la que percibe el presidente regional.

El Ejecutivo, entienden las fuentes consultadas por este periódico, debe «dar ejemplo» en este ámbito en un momento en que la situación económica llama a una gestión prudente de los recursos públicos.