IU de Gozón pide responsabilidades políticas por la privatización del agua

IU de Gozón exigió ayer responsabilidades políticas por la privatización del agua, cuya ampliación del contrato ha sido declarada nula por una sentencia esta misma semana, y reclamó al equipo de gobierno que, a la vista de la contundencia del fallo, desista de presentar recurso para evitar nuevos costes a los vecinos. La coordinadora de IU, Gabriela Alvarez, aseguró que existen claros responsables, en referencia al anterior alcalde, Salvador Fernández, al actual regidor y a «los brazos de madera», en alusión a los ediles del PP que aprobaron una ampliación de la concesión.

Este nuevo episodio judicial es, según el coordinador general de IU Asturias, Manuel González Orviz, una demostración más de las «malas praxis» que «las derechas» y quienes aplican estas políticas realizan, y que tienen como único objetivo «hacer calderilla con los servicios públicos». Además, «supone que las concesiones terminen por costar más caras que la prestación directa del servicio» y un agua más costosa.

El gobierno del PP de Gozón anunció el jueves que recurrirá el fallo del Juzgado número 5 de Oviedo de lo Contencioso-Administrativo, que declara nula la ampliación a 15 años, hasta 2030, del contrato del servicio de aguas de Aquagest. El juez considera «disconforme a derecho» la ampliación del servicio de abastecimiento de agua potable y saneamiento que presta Aquagest, aprobado en el Pleno en diciembre de 2009. Entre los fundamentos de derechode la sentencia, el juez cree que no se justifican los argumentos en las que se ampara el Consistorio, basados en informes técnicos en los que se hacía precisa la renovación de toda la red.

para adaptarla a una normativa europea de 2003.

El magistrado estima que esta cuestión era bien conocida desde un principio, puesto que así estaba recogida en un informe municipal de 19 folios, con fecha de 2004 (un año antes de que se privatizara el servicio). En él se especificaba que las instalaciones de la red de agua estaban absoletas, por lo que, en opinión del juez, el Ayuntamiento era conocedor de las carencias que tenía la red y de las necesidades que había de actuar en ella.

En uno de los puntos expuestos en el fallo en relación con la vigente ley de contratos, se señala que únicamente se podrán introducir modificaciones en el acuerdo por una cuestión de interés público o por aparecer nuevas necesidades. Algo que, según señala, no se da en este caso. Del mismo modo, la sentencia explica que la revisión del contrato se debe hacer con una antelación mínima de un año o de acuerdo con el vencimiento de éste y se requiere un acuerdo entre las dos partes. Sin embargo, estima que se acordó una prórroga unilateral a seis años de que venciera el contrato, cuya fecha estaba fijada en 2015.