Los ataques más graves a docentes se pagan con un mes de expulsión o cambio de centro

El documento que pedía autorización a las familias del IES Nº 1 de Gijón para corregir con «contacto físico» a sus hijos o hijas en caso de necesidad durante las actividades extraescolares, el mismo que hizo aflorar un debate sobre la disciplina en las aulas pendiente en todo el país, es historia. Ya hay nueva circular. Y ya ha sido enviada a la jefa del Servicio de Inspección Educativa del Principado.

Concretamente, el director del instituto, Julián Dizy, se la remitió a las ocho de la mañana de ayer para someterla a su criterio y a su aprobación definitiva. Y, claro está, el nuevo texto «elimina cualquier referencia a ese contacto físico», siguiendo a pies juntillas las directrices de la Consejería de Educación, palabras que levantaron ampollas y que «se sustituyen ahora por una expresión totalmente genérica». Un cambio que él ha acatado «como buen funcionario disciplinado».

Es justo lo contrario de lo que ocurre con el Decreto de Derechos y Deberes del Alumnado, que data de finales de 2007 y que establece las normas de convivencia que rigen en los centros docentes no universitarios sostenidos con fondos públicos del Principado. Un documento, explica Dizy, en el que «se especifica tanto la casuística que quedan muchos huecos. Tan prolijo quiere ser que resulta contraproducente». Por ejemplo, pregunta: «¿Qué hacemos con los alumnos que fuman?».

En el Nº 1 -ubicado en Nuevo Gijón- lo tienen claro: «Nosotros los denunciamos ante la Agencia de Medio Ambiente para que paguen los 250 euros de multa que establece la ley».

Pero no es sólo que esa pretensión de exhaustividad haga ineficaz el documento en muchos casos, sino que, además, cuenta el director del instituto de la polémica, «las sanciones que establece suponen, en ocasiones, traspasar el problema a otro o aplazarlo».

Es el caso de las «medidas para la corrección de las conductas gravemente perjudiciales para la convivencia», recogidas en su artículo 40, que establece que «la agresión física contra cualquier miembro de la comunidad educativa» o «las conductas atentatorias de palabra u obra contra los representantes en órganos de gobierno o contra el equipo directivo» serán penalizadas, como mucho, con «la suspensión del derecho de asistencia» del alumno en cuestión al centro «durante un periodo superior a tres días lectivos e inferior a un mes». Eso, o el cambio de centro educativo.

Es la pena máxima establecida, «a menos que la agresión sea tan grave que vaya por la vía penal», precisa Dizy, que todos los cursos envía a algún estudiante a su casa «quince días». «Un mes no». Y tampoco se practica el traslado a otro instituto, porque «eso equivale a trasladar el problema».

Estamos ante un decreto que, según el sindicato ANPE, nació cojo, «sin delimitar con claridad la obligación a la reparación moral y material del daño causado» y «sin establecer un protocolo preciso de actuación ante una situación de violencia». Como la central, el Fiscal de Menores y la propia consejera, Francisco Alonso, portavoz de los directores de instituto asturianos, reclama una ley que reconozca la autoridad del profesorado que «evite, sin ir más lejos, que los profesores tengan que demostrarlo todo como si estuviesen en un juicio». Sumarísimo, añadirían algunos.