La Fiscalía urge una ley de autoridad del profesorado «para acabar con un absurdo»

«Una treintena de enfrentamientos entre alumnos y profesores llegan cada año a los tribunales asturianos». El dato, aportado ayer por el Fiscal de Menores del Principado, Jorge Fernández Caldevilla, sirve para intentar dibujar las verdaderas dimensiones del problema de la indisciplina en las aulas de la región, una espita abierta gracias al equipo directivo del IES Nº 1 de Gijón y su ya célebre circular destinada a las familias, en la que se mentaron las palabras que nadie parecía querer oír -«contacto físico»- aplicadas a las correcciones al alumnado en actividades extraescolares como viajes de estudios y semanas blancas.

Jorge Fernández Caldevilla se apoyó en esa cifra para urgir «una ley de autoridad del profesorado que acabe con una situación absurda» que se sufre, aún hoy, en los centros educativos de la región. «Un fallo en el ordenamiento», explicó, «una paradoja» que consiste en que, «en el caso de las agresiones a los docentes de la enseñanza pública, al ser funcionarios, el agresor puede incurrir en un delito de atentado, mientras que, en el caso de los profesores de la concertada y de la privada, al no ser funcionarios públicos, estaríamos ante faltas de amenazas o de lesiones».

«Espero que se legisle cuanto antes», subrayó en la línea de lo defendido el día anterior por la consejera de Educación, Ana González. Una reivindicación histórica en el caso de sindicatos como ANPE, que ha denunciado por activa y por pasiva que Asturias va con retraso en comparación con el resto de comunidades. Con mucho retraso. Porque en algunas de ellas esa ley data incluso de 2010.

Tres años después de aquel movimiento, UPyD acaba de presentar en la Junta una proposición de ley para que todo el profesorado, sin excepción, sea reconocido como «autoridad pública» y pueda gozar de la protección otorgada por el ordenamiento jurídico a tal condición, una iniciativa que contó con el beneplácito de todos los grupos políticos con representación en la Cámara.

«Conscientes, al igual que lo son padres y docentes, de que en ningún caso se puede corregir a un alumno dándole un cachete, porque el castigo físico está totalmente prohibido por nuestra legislación», apuntó el Fiscal, pero también que «los profesores tienen derecho a corregir a los menores de otras formas».

En cuanto a las medidas a las que se enfrentan esos estudiantes «problemáticos», oscilan, precisó, «entre una simple corrección educativa que sirva para que reflexionen y varios meses de internamiento en los casos más graves, cuando se trate de un delito reiterado».

Tanto los directores de instituto como las familias de la concertada también llevan meses reclamando de forma unánime al Gobierno regional de turno esa ley. Una posibilidad negada con igual insistencia por el exconsejero de Educación, José Luis Iglesias Riopedre, que alegó que Asturias no tenía «un problema de conflictividad» que justificase «imponer la coacción», mientras que la exportavoz del Ejecutivo, Ana Rosa Migoya, consideraba suficiente el Decreto de Derechos y Deberes del Alumnado aprobado a finales de 2007 con el objetivo de regular la convivencia escolar y las atribuciones de los profesores en los centros educativos. El IES Nº 1 ha demostrado que no lo era.