Los municipios quieren cobrar del fondo de rescate la deuda pendiente del Principado

Los ayuntamientos quieren estar en los primeros puestos de la relación de pagos que las comunidades deben afrontar con el dinero del fondo autonómico de liquidez correspondiente a 2013. La Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) negocia en estos momentos con el Ministerio de Hacienda para tener prioridad y poder ingresar así los aproximadamente 2.000 millones de euros que, según sus cálculos, los gobiernos regionales adeudan a las administraciones locales. Esa reivindicación es compartida por la Federación Asturiana de Concejos (FACC), que tiene constancia del impago de cantidades a una serie de consistorios cuyo bloqueo se remonta a la etapa de Foro en el Ejecutivo.

Es la segunda vez que los ayuntamientos trasladan esta petición a Hacienda. Ya lo hicieron en 2012, cuando se activó el primer fondo de rescate para que las autonomías pudiesen disponer de recursos con los que atender sus pagos y paliar la sequía de los mercados de crédito. Entonces el departamento que pilota Cristóbal Montoro no atendió ese requerimiento y a los consistorios llegó poco dinero del mecanismo de liquidez. Esta vez podría ser diferente, a la luz de las sensaciones «positivas» que tiene el presidente de la FEMP, Íñigo de la Serna. «El Gobierno está siendo muy receptivo porque sabe que es una cuestión de justicia», asegura el también alcalde de Santander, que elogia la actitud «dialogante» de Montoro y su equipo.

Calcula la FEMP que las comunidades adeudan a las entidades locales unos 2.000 millones de euros, en muchos casos por la prestación de servicios de titularidad autonómica pero que gestionan los consistorios sin obtener la financiación correspondiente, en otros por subvenciones comprometidas pero no transferidas... «Es un clamor, muchos ayuntamientos no pueden pagar a sus proveedores por culpa de esta deuda pendiente», argumenta De la Serna.

Dos pagos

En algunas comunidades la situación de muchos ayuntamientos es realmente delicada. En el caso de Asturias, el hecho de que el Principado cumpliese su promesa y desbloquease antes de final de año la segunda mitad de los 40 millones pendientes de pago por la prestación de servicios sociales -los primeros 20 millones se habían abonado con anterioridad- ha aliviado mucho las cosas. Con todo, la FACC tiene constancia de partidas correspondientes a determinadas subvenciones que llevan bloqueadas desde la etapa de gobierno de Foro. De ahí que comparta plenamente esos criterios de reparto para 2013 del fondo de liquidez, también conocido como FLA, que no llegaron a aplicarse en 2012.

Es verdad, eso sí, que todo está condicionado a una cosa: a que el Principado se acoja al citado fondo este año. De momento únicamente ha remitido a Hacienda sus necesidades de financiación para el ejercicio, que ascienden a 396,5 millones. El Ejecutivo está a la espera de conocer las condiciones del mecanismo de liquidez para sumarse al mismo. Es la hipótesis más probable, vistas la dificultades para lograr recursos en un mercado bancario muy restringido.

Los alcaldes esperan que este ejercicio sea más tranquilo que el anterior, al menos en lo que tiene que ver con las transferencias del Principado. El pasado año, la demora del Ejecutivo en transferir el dinero para el pago de los servicios sociales -al final se llegó a esa fórmula de dividir el abono en dos- llevó a algunos consistorios a una situación muy forzada, viéndose obligados los regidores a tener que acudir a operaciones de crédito para poder atender sus compromisos. En 2013 se conoce desde el principio que se repetirá el mismo sistema de pago, lo que permite a los gestores planificar el ejercicio para llegar a su cierre sin problemas.

Después de que en Asturias se haya planteado una fórmula para solventar otro de los problemas que aquejaban a los ayuntamientos, la supresión de la financiación estatal al servicio de teleasistencia domiciliaria, el debate llegará al Congreso de los Diputados. IU ha registrado una proposición no de ley en la que pide que el Ejecutivo central dé marcha atrás y habilite para este programa la misma financiación con que estaba dotado en 2012. En el caso de Asturias, 1,2 millones.