La primera reforma del sector público estima un ahorro máximo de 33 millones de euros

La primera de las tres leyes de reestructuración del sector público asturiano que el Gobierno prevé aprobar este año propiciará un ahorro, en el mejor de los escenarios, de unos 33 millones de euros. Así se desprende de la memoria económica que acompaña al proyecto normativo, que el Ejecutivo registró el pasado viernes en la Junta General, y que recoge, entre otras actuaciones, la fusión del 112 y Bomberos de Asturias, la enajenación de Sedes o la supresión del Instituto de Estadística. Es previsible, en todo caso, que la cifra final sea inferior. La memoria en cuestión incluye datos sobre el valor teórico contable de algunas de las empresas que se van a poner en venta, pero ya advierte que su valor real dependerá de las condiciones de mercado en el momento de ejecutar la operación. Y será, con certeza, más bajo.

El Gobierno enmarca en el contexto de crisis y en la necesidad de cumplir con los compromisos adquiridos en el plan económico-financiero 2012-2014 su decisión de «racionalizar» la estructura del sector público, con el objetivo de «mejorar su eficiencia». A partir de ahí, hace algunas estimaciones sobre el ahorro que generará cada medida, en algunos casos con precisión, en otros a modo de simple orientación, a expensas de lo que dictamine el mercado.

Señala la memoria que la supresión del Instituto Asturiano de Estadística supondrá un ahorro de 623.480 euros, correspondientes al capítulo de gasto corriente. En el caso de la fusión del 112 y Bomberos, esa cuantía sería de 450.000 euros, a expensas de que la adaptación de las estructuras a las necesidades de funcionamiento de la nueva unidad aportase algún ingreso adicional. La liquidación del Gestor de Infraestructuras de Telecomunicaciones (Gitpa) se cifra en 690.102 euros.

En otros organismos ese cálculo es mucho más complicado. Es el caso de Sedes, empresa constructora con un 60% de participación pública a través del Principado (40%) y de la Sociedad Regional de Promoción (20%). El primero tiene 80.640 acciones con un valor contable de 18,5 millones. La segunda, 40.320 acciones con un valor contable de 9,2 millones.

Pero una cosa es el valor contable y otra, el real. Y en una empresa que opera en un sector inmobiliario inmerso en una profunda crisis, es seguro que la cifra de venta será inferior a la tasación teórica. El propio Gobierno así lo asume cuando dice que «el ingreso que se obtenga como consecuencia de la venta de las acciones vendrá determinado por el valor de la empresa en el mercado en el momento de su enajenación». Algo similar podría ocurrir con la sociedad Hostelería Asturiana (Hoasa), creada en 1968 para explotar el hotel de La Reconquista. El Principado tiene 75.346 acciones por un valor contable de 3,2 millones y la Sociedad de Promoción, 9.650 acciones por 417.169 euros. Como en Sedes, está por ver su precio de mercado.

En el caso del Parque de la Prehistoria y de Desarrollo Integral de Taramundi (Ditasa), ambas en liquidación, no hay datos sobre el ahorro a obtener. Lo mismo sucede con la fusión de la Sociedad Regional de Turismo y Recrea, donde dependerá tanto de los ajustes que ambas entidades están ejecutando por separado como del impacto de la integración. El cambio de objeto social de la Sociedad de Servicios no tendrá impacto presupuestario.