El Observatorio de la Dependencia dice que la ley «está demolida»

«Está demolida». El Observatorio de la Dependencia, el organismo creado por la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales para evaluar el cumplimiento de la Ley de la Dependencia ve la norma «demolida».

En un paso más allá, el ente asegura que «miles de personas dependientes morirán sin la ayuda al a que tienen derecho», situación de la que culpa, directamente, a los recortes aplicados por el Gobierno central. Así lo aseguró ayer en un comunicado el presidente del Observatorio, José Manuel Ramírez.

Según sus datos, «desde la entrada en vigor del demoledor real decreto de 13 de julio», la atención a las personas con dependencia ha ido a la baja, «hasta el punto de que el incremento de nuevos casos ha sido diez veces inferior a 2010, con sólo 18.944 nuevos beneficiarios en todo el país». Dice Ramírez que, además de incorporarse menos casos, ha aumentado «la reducción de beneficiarios», con un saldo negativo de 197.638 personas.

El motivo de estas mermas está en el recorte «del Gobierno de Rajoy de 835 millones de euros para la Ley de la Dependencia», de los que 13 millones afectan, directamente, a las cuentas del Gobierno regional, ya que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad ha decidido no aportarlos. De hecho, el Principado ya ha hecho acopio de fondos propios, tal y como explicó la propia consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, para poder «que la Ley de la Dependencia no pare en Asturias».

Medidas crueles y desalmadas

Sin embargo, José Manuel Ramírez duda de la eficacia de las medidas regionales, debido al peso del Gobierno central en la aplicación de la ley. De hecho, califica de «medidas desalmadas y crueles» los cambios, que resultan, en su opinión, «especialmente inútiles y sangrantes con los cuidadores familiares, a los que les han reducido el sueldo un 15%, así como con los dependientes moderados, que no entrarán en el sistema hasta 2015».

No obstante, desde Asturias se insiste en la no paralización de la ley, con 2.500 nuevos beneficiarios en los dos últimos meses, casos que aún no han sido cuantificados por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso).