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ANDRÉS SUÁREZ
Miércoles, 26 de diciembre 2012, 08:02
La batalla entre el Gobierno asturiano y el central a cuenta del impuesto a los bancos incluido en el presupuesto regional de 2013 comenzará de inmediato. En un gesto de evidente carga política, el Principado adelantará a finales de este año la entrada en vigor de ese tributo -al día 30 o 31- y se anticipará al Estado, que hará efectiva su propia figura -a tipo cero y sin fines recaudatorios para anular las pretensiones de las autonomías de avanzar por ese camino- el próximo 1 de enero. La iniciativa, de consecuencias jurídicas aún desconocidas y de impacto recaudatorio inapreciable en la medida en que su vigencia en 2012 se reduce a uno o dos días, es un mensaje en toda regla con el Ejecutivo de Mariano Rajoy como destinatario. El portavoz parlamentario del PSOE, Fernando Lastra, así lo dejó claro al presentar una enmienda de su grupo en relación con el citado gravamen. El objetivo, precisó, es estar mejor preparados con vistas al debate, político o judicial, que se abrirá en breve entre ambas administraciones.
El adelanto es la respuesta del Ejecutivo regional a la decisión del Gobierno central de impedir a las comunidades impulsar este tributo bancario por la vía de crear una figura estatal a tipo cero. Esto es, sin expectativas de recaudación, más allá de bloquear el margen de maniobra de las autonomías a la hora de penalizar fiscalmente los depósitos bancarios. La controversia entre ambas administraciones no tardará en explotar de alguna manera, vista la pretensión del Principado de no renunciar a los 30 millones que tenía previsto ingresar por esta vía y la voluntad del gabinete de Rajoy de, en ese caso, acudir a los tribunales.
¿Cómo quedan ahora las cosas? En primer lugar, el impuesto autonómico se aprobará el viernes, como parte de las cuentas asturianas para 2013, en el pleno de la Junta General convocado para entonces. Previsiblemente el sábado el Boletín Oficial del Principado (BOPA) publicará la ley presupuestaria. Y he aquí el matiz. El presupuesto en sí no entrará en vigor hasta el 1 de enero, pero la parte relativa al tributo se adelantará bien al día 30 si es posible -es domingo- o, a más tardar, al 31. Justo antes de que el Gobierno central, con el comienzo de 2013, haga efectivo su propio gravamen.
Los socialistas creen que de esta forma la región estará mejor preparada a la hora de litigar con el Estado por este tributo y que este anticipo en los tiempos «puede tener su importancia» en ese proceso, según argumentó Lastra.
Queda, de momento, el mensaje político del Principado de que no renuncia al tributo. Está por ver, en adelante, las consecuencias prácticas y si este adelanto supone un beneficio en caso de que, por ejemplo, el asunto llegase a los tribunales. Hay que tener en cuenta que los territorios que tienen en vigor este gravamen desde hace tiempo, caso de Andalucía o Extremadura, sí recibirán compensaciones a raíz de la nueva situación creada.
Pero, al menos en teoría, no sería el caso de Asturias. Porque el impuesto estatal solo contempla esas compensaciones para las comunidades que tuvieran vigente el impuesto a los bancos antes del pasado 1 de diciembre.
Es posible que ahí se centre el debate futuro. Lastra, en todo caso, defendió la competencia normativa del Principado al crear este impuesto y también la vía elegida para intentar sortear el bloqueo del Gobierno central, a través de una ley, en lugar de la fórmula por la que ha optado Cataluña, el decreto.
La enmienda socialista relativa al tributo bancario no es la única que saldrá adelante en el pleno del viernes que dará luz verde al presupuesto. También prosperará otra pactada con IU y UPyD, que sumarán sus votos para llegar a la cifra de 23 escaños que otorga la mayoría absoluta, y que insta al Gobierno a desarrollar, en un plazo máximo de cuatro meses, una ley que clarifique la aplicación del canon de saneamiento y las correspondientes exenciones.
La enmienda llega después de la polémica abierta sobre si el canon en cuestión gravaría en 2013 también a quienes no tienen saneamiento en sus casas, como plantea el texto presupuestario. En la presentación de la iniciativa, tanto los representantes socialistas como los de Izquierda Unida defendieron que ese colectivo siga estando exento del pago de la tasa y plantearon la suspensión temporal de su aplicación para los afectados, en tanto en cuanto se aprueba la nueva ley.
El presupuesto, además, incorporará varias enmiendas de UPyD relativas a ayudas a la vivienda (1,2 millones), autónomos (300.000 euros), Universidad (200.000 euros) y becas (520.000 euros), entre otras. No prosperará la que tiene que ver con la Escuela de Emprendedores.
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