El Gobierno llevará al Constitucional el impuesto a los bancos del Principado

El Gobierno de Mariano Rajoy anunció ayer que recurrirá el impuesto sobre depósitos bancarios que ha incluido el Principado en su proyecto de presupuestos para 2013, y con el que espera recaudar 30 millones de euros. Aunque sin referirse expresamente a Asturias, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría confirmó, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, que el Ejecutivo recurrirá el impuesto sobre los depósitos si finalmente se aprueba.

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también dio orden a la Abogacía del Estado para que recurra al Tribunal Constitucional el decreto ley del Ejecutivo catalán que incluye la creación de un impuesto sobre los depósitos bancarios. La vicepresidenta explicó que el recurso se basará en el hecho de que un gobierno en funciones no puede adoptar medidas «que vayan más allá de la gestión corriente» y en que no se pueden crear nuevos impuestos vía decreto ley. «Es una norma de derecho tributario básica», afirmó la vicepresidenta, que insistió en que mediante decreto ley sólo se pueden modificar impuestos ya existentes.

Por otra parte, recordó que el Congreso aprobó ayer definitivamente el proyecto de ley de medidas tributarias, por el que el Estado se reserva el hecho imponible del impuesto sobre depósitos. Esto se hace, precisó, para garantizar «una cierta unidad de mercado», porque podría llegar a darse el caso «no muy lógico» de que dos depósitos en la misma entidad financiera reciban un trato fiscal diferente en función de la comunidad.

El Partido Popular de Asturias, a través de su portavoz, Mercedes Fernández, justificó la intervención del Ejecutivo de Rajoy que persigue, según dijo, «no perjudicar a las empresas ni a las familias». Durante su intervención en el pleno de la Junta General, aseguró que el gravamen bancario planteado por el Gobierno regional «lo acabarán pagando los asturianos de a pie por la vía que decidan las entidades financieras».

Mercedes Fernández cree que los socialistas, con esta iniciativa, quisieron dar satisfacción a Izquierda Unida y no pensaron en las consecuencias. El Gobierno central apuesta por un modelo territorial, precisó, «compensado» y no ve con buenos ojos que cada autonomía «ponga en práctica lo que le parezca en cada caso».

El Principado no piensa dar un paso atrás. La «amenaza» desde Madrid no amilana al Ejecutivo regional que propone, contrariamente a las tesis populares, «que otorgue margen a las comunidades» para tener un tributo propio en lugar de crear un impuesto a tipo cero. Sobre la acusación, vertida por Mercedes Fernández, de que el gravamen lo pagaran los ciudadanos, Dolores Carcedo no titubeó a la hora de replicar. «En las tres comunidades donde ya se aplica no consta que lo hayan pagado los ciudadanos», respondió.

No fue la única crítica que recibió ayer el PP desde el bando socialista. La diputada nacional Dolores Carcedo retó al Gobierno de Rajoy a llevar el litigio con el Principado al Tribunal Constitucional y recordó que este órgano judicial «ya se pronunció» cuando dio la razón a Extremadura, después del recurso planteado en su día por el Gobierno de José María Aznar.

El Constitucional, según Carcedo, ya dijo que las comunidades pueden aplicar este impuesto. La dirigente socialista pidió al Gobierno central que explique por qué presentó «de tapadillo» una enmienda a los presupuestos en el Senado para poner el mismo impuesto con tasa cero «con el objetivo de que las comunidades autónomas no ejerzan su derecho».