El alcalde de Ponga, condenado a año y medio de prisión y siete de inhabilitación

La Audiencia Provincial de Asturias ha condenado al alcalde de Ponga, Cándido Vega, de Foro, aunque juzgado por unos hechos cometidos siendo regidor de URAS-PAS, por un delito de prevaricación, un delito de desobediencia y un delito contra los recursos naturales y el medio ambiente. Le sanciona a siete años de inhabilitación especial para empleo o cargo público, un año y seis meses de prisión y al pago de una multa de 2.400 euros. Además, tendrá que indemnizar al Principado de Asturias con 37.185,04 euros, siendo el Ayuntamiento de Ponga responsable civil subsidiario. Se trata de la segunda condena con pena de inhabilitación especial para ocupar un cargo público a un alcalde de la comarca del Oriente de Asturias en apenas cuatro días. El pasado viernes la Audiencia Provincial hacía pública la condena al alcalde de Cabrales (y al teniente de alcalde en el año 2004) por un delito prevaricación a siete años de inhabilitación especial. Aunque en el caso de Cabrales la sentencia no es firme, contra la que atañe al regidor pongueto no cabe recurso alguno al menos por vía ordinaria.

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias ha estimado el recurso presentado por la Fiscalía del Principado de Asturias -al que posteriormente se adhirió el propio Gobierno regional- contra la sentencia dictada por el Juzgado de lo Penal número uno de Oviedo el pasado mes de julio que únicamente había condenado al regidor pongueto, y a los otros dos acusados, por una falta continuada de desobediencia leve por ordenar y acometer respectivamente obras en caminos del Parque Natural de Ponga sin autorización del Gobierno regional. Ocurría en 2008, siendo presidente del Principado el socialista Vicente Álvarez Areces y teniendo como responsable de Medio Ambiente a la actual consejera de Fomento, Belén Fernández. Cándido Vega solicitó entonces al Principado una autorización para el arreglo y acondicionamiento de los caminos de Calviado a Solafoz, del Caserío de Ventaniella al puerto de Ventaniella y de La Guaranga a Arcenorio. Ante la falta de respuesta por parte del Principado el alcalde ordenó iniciar los trabajos. Ahora la Audiencia no sólo condena al regidor por los citados delitos sino que, además, impone seis meses de prisión por delito de desobediencia a cada uno de los dos palistas (M. C. V y E. R. M.) contratados por el ayuntamiento para los trabajos.

La Audiencia fundamenta que si bien es cierto que el Pleno aprobó por unanimidad la propuesta de acondicionar y limpiar las pistas ganaderas, «previamente los grupos municipales representados en la corporación dejaron bien claro que debía procurarse la cobertura legal, obteniendo los permisos pertinentes e informes medioambientales». La sentencia añade que «no se hizo nada en tal sentido» y recuerda que, incluso, en aquella sesión el alcalde hizo «lapidariamente patente» que si los permisos no llegaban y había que arreglar los caminos, estos se arreglarían. A juicio de la Sala la conducta del regidor «no es tolerable siquiera con el pretexto de atender el interés de unos residentes ganaderos, pues no respeta el interés general que alza el valor medioambiental en el Parque Natural».

La Audiencia se refiere también a las reiteradas ocasiones en las que los condenados desatendieron las órdenes de paralización de las obras que eran transmitidas por los funcionarios competentes y considera probado que los trabajos supusieron una evolución de los caminos afectados a pistas compatibles con la circulación de vehículos todoterreno a modo de carreteras, cuando estaba prohibido por la interferencia que supone en la calidad ambiental para la fauna y las especies vegetales, sobre todo las que están en peligro de extinción.

La oposición

Las reacciones no se han hecho esperar. Desde el grupo socialista de Ponga consideran que el alcalde ha pretendido gestionar el Consistorio «como un cortijo, de forma dictatorial», y entienden que «el tiempo y la justicia ponen a todos en su sitio». No obstante, aclaran que desde la agrupación socialista «en ningún momento se ha querido politizar este asunto» y recuerdan que fue el propio Ministerio Fiscal quien denunció los hechos. Con esta sentencia confían en que el Ayuntamiento de Ponga vuelva a ser «un órgano de participación y colaboración», y que se abra «un escenario nuevo donde prime el sosiego, la calma y la tranquilidad, y nos dediquemos a nuestro principal objetivo, que es solucionar los problemas de los ponguetos».

El concejal de IU en el Ayuntamiento de Ponga, Álvaro Mones, celebraba ayer la sentencia «totalmente dimensionada a la actitud que ha tenido el alcalde que, en repetidas ocasiones, había manifestado que las cosas las iba a hacer sí o sí. El que juega en esos términos se expone a este tipo de condenas». Mones confía en que la inhabilitación libere al concejo de Ponga de un alcalde «prevaricador y que comete delitos contra el medio ambiente, aunque por desgracia lo que sigue es la toma de posesión del número dos de la candidatura de Foro Asturias, que está muy poco preparada para ejercer un puesto de esta responsabilidad», dijo en alusión a María de las Mercedes Traviesa. Otra consecuencia de esta sentencia, advierte, es que los habitantes de Ponga deberán hacerse cargo de las costas y de la indemnización por este juicio, «que es un dinero que se va a dejar de dedicar a arreglar pistas de forma legal y ordenada, que es lo que todos queremos».

En similares términos se manifestó la Coordinadora Ecologista de Asturias que, no obstante, ha criticado que la Consejería de Presidencia no promoviera el recurso de la sentencia del Juzgado de lo Penal que absolvía de tres delitos al regidor, aunque finalmente se sumó a la apelación del fiscal. En cualquier caso, celebra la sentencia de la Audiencia Provincial y espera que Foro Asturias no utilice en Ponga «las triquiñuelas» para quitar a Cándido Vega como alcalde y ponerlo de concejal.