Justicia aplica ya las nuevas tasas con el rechazo masivo de jueces y abogados

Aparente normalidad en los juzgados asturianos el primer día de aplicación de las tasas judiciales, pero malestar en los pasillos y los despachos. La entrada en vigor de la nueva ley, que eleva la interposición de un recurso civil o contencioso entre 50 y 750 euros, coincidió con la denuncia conjunta de los diferentes estamentos judiciales.

A las asociaciones de jueces y abogados se sumaron por vez primera la cúspide del Poder Judicial, el Consejo y la Fiscalía General del Estado. Consideran la posibilidad de que las tasas «atenten» contra el derecho fundamental a la tutela judicial efectiva. Los cánones aprobados prevén recaudar unos 300 millones de euros anuales para financiar la Justicia gratuita, tal y como se aboga desde el departamento del ministro Alberto Ruiz Gallardón. Veintisiete días después de que el BOE diera el pistoletazo de salida, y una vez solventados los trámites formales sobre el formulario de pago, los tribunales asturianos recibieron ayer por vez primera los primeros escritos.

Los decanos de los Colegios de Abogados de Oviedo y Gijón, Enrique Valdés Joglar y Sergio Herrero Álvarez, ya mostraron su «rechazo frontal» a la nueva medida. «Supone una grave alteración del derecho constitucional de la tutela judicial efectiva». Por eso, creen que el paso del Gobierno es una «vuelta atrás», al «obstaculizar» o incluso «hacer inviable» que parte de la sociedad pueda defender sus intereses ante los tribunales de justicia.

Los decanos apuntan que las tasas han sido encarecidas «injustificadamente». «La obtención de la justicia es un servicio público de primera necesidad, por lo que es inconcebible que se traslade a la ciudadanía gran parte de la carga económica que corresponde al propio Estado». Ven en la subida una «penalización económica» para todos aquellos que legítimamente acuden a los tribunales a defender sus intereses.

«El acceso a los tribunales de justicia se verá condicionado en todos aquellos supuestos en los que no sea posible acudir a la justicia gratuita, porque no se cumplan los requisitos de acceso al turno de oficio, llegando a alcanzar la propuesta de cuantía de tasas hasta los 1.200 euros, sin atender a distinción de capacidad económica», señalan.

Los cánones recién implantados van desde los 100 euros por plantear un procedimiento monitorio, o, a título de ejemplo, 150 euros por el acceso a un proceso verbal, incluso los de escasa cuantía; 200 euros para recurrir la denegación de una beca de estudios en los tribunales contencioso administrativos; 300 euros de tasa por el planteamiento de un proceso ordinario; 800 euros para un recurso de apelación, sea cual sea su naturaleza, y hasta los 1.200 euros que será necesario abonar para plantear un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.

El PP en solitario

La norma, tramitada con el carácter de urgencia ante las Cortes Generales, salió adelante la jornada de la huelga general con los votos en solitario del PP en el Senado. «El derecho a la tutela judicial efectiva no debe ser confundido con el derecho a la justicia gratuita», señala el preámbulo de la norma, ante el amplio rechazo que ha recogido por parte de los grupos de la oposición y del conjunto de operadores jurídicos, que consideran que la subida generalizada de las tasas dificulta el acceso a los tribunales y tendrá un efecto disuasorio.

Uno de primeros en pronunciarse ayer fue Gonzalo Moliner, presidente del Consejo General del Poder Judicial. Ante la comisión de Justicia del Congreso aseguró que el órgano de gobierno de los jueces realizará un seguimiento de la ley de tasas tras reconocer que puede existir «problemas de proporcionalidad» respecto a las cuantías.

Por su parte, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, mencionó que algunos incrementos «son excesivos» y podrían «dificultar» la tutela judicial de los ciudadanos. No obstante, se mostró partidario de que existan tasas como elemento para recaudar dinero con el fin de financiar la justicia y que «no sean todos los contribuyentes los que reciben el impacto».

Siete asociaciones de jueces y fiscales pidieron, en una carta al presidente del Gobierno, que asuma «un compromiso real» en defensa de la administración de justicia y ante el «ejercicio del poder por la vía de la imposición, sin consenso ni diálogo».