La gasolina se pondrá por las nubes

La gasolina no dejará de dar sustos en 2013. Con la nueva Ley de Hidrocarburos en el congelador, el Gobierno trata de convencer a las grandes petroleras para que reduzcan sus márgenes de ganancia. Sin embargo, enero se presenta ya como una carrera de velocidad insalvable para la subida de precios. La evolución fue este año muy fuerte (cerca del 10% en gasolina y un 6,5% en gasóleo hasta noviembre), pero la prevista subida de impuestos y la falta de competencia dan pie a que la escalada continúe durante los primeros meses de 2013.

A principios de año entrará en vigor en Asturias la ampliación del recargo autonómico del Impuesto de Hidrocarburos, que situará al Principado entre las comunidades con mayor fiscalidad en este terreno. Además, el propio Gobierno también prepara un incremento de los impuestos para los hidrocarburos, lo que podría disparar los precios de nuevo. Mal panorama por tanto para la automoción en el arranque de 2013.

Lo que popularmente se llama el 'céntimo sanitario' siempre arrastró polémica en el Principado, especialmente cuando esta comunidad era una de las pocas que aplicaban. Las estaciones de servicio de la región critican que Asturias siempre esté a la vanguardia en la aplicación de este gravamen. El Principado fue una de las primeras comunidades en recurrir al tributo para aumentar la recaudación con el pretexto de destinarlo al gasto sanitario. Aunque después otras autonomías siguieron el mismo camino, Asturias fue uno de los territorios donde más caro salía llenar el depósito.

El proyecto de presupuestos para 2013 prevé ingresar a partir de enero dos céntimos más por litro de gasóleo y 2,4 por la gasolina. El Gobierno asturiano ha decidido aplicar todo el tramo autonómico de este impuesto con lo que espera ingresar unos 30 millones de euros más al año. Las estaciones de servicio critican que Asturias se adelanta a otras comunidades con el perjuicio que ello tiene para el sector.

«Con el agua al cuello»

El problema principal del descontrol de los precios de los combustibles es la falta de competencia en el sector, para el que el Gobierno no acaba de encontrar una solución. Un 73% del mercado se lo reparten Cepsa, Repsol y BP y el ministro de Industria, José Manuel Soria, amenazó el pasado martes a las grandes compañías con regular el sector si no bajaban los precios. Sin embargo, algunos le acusan de no coger el toro por los cuernos. El pasado verano esta estrategia le salió bien. Cuando el precio de las gasolina había batido récords levantó la bandera de la regulación, encargó dos informes a los organismos supervisores y les dijo a las compañías que o bajaban los precios o ponía en marcha la reforma de la Ley de Hidrocarburos. Entre finales de agosto y finales de noviembre, los precios de los carburantes bajaron a mayor velocidad que en el resto de la zona euro. Y fue así pese a que en septiembre entró en vigor una subida del IVA en España, del 18% al 21%. Un informe reciente de la Comisión Nacional de Competencia (CNC) acusaba abiertamente a las grandes compañías de tener unos márgenes comerciales muy altos. Concretamente, en el documento se aseguraba que habían subido un 20% durante 2007-2010, como consecuencia de que no hay suficiente competencia.

El Gobierno mantiene que en España el coste del combustible es similar a la media comunitaria, si bien «el margen comercial es superior». El Ejecutivo de Rajoy asegura que este encarecimiento queda parcialmente compensado gracias a que la fiscalidad española es inferior.

Al margen de las grandes compañías, las pequeñas estaciones de servicio se quejan de la falta de regulación y aseguran que, en estos momentos, «estamos con el agua al cuello». Según explicó el presidente de la Asociación de Empresarios Servicios de Asturias, Darío Rodríguez, «en los últimos tres años hemos bajado las ventas en un 32% y esto es insostenible». Rodríguez culpa de la situación a «la bajada de la actividad económica, industrial, de la construcción y al paro, que hace que la gente se mire mucho cuando coge el coche».

Darío Rodríguez culpó también de su situación a «la subida continuada del precio de los combustibles y a los impuestos regionales que se instituyen en unas comunidades y en otras no, «lo que nos perjudica de forma considerable».