«No deberíamos tener que defender lo que funciona»

El conflicto que ha distanciado a la dirección de la cárcel de Villabona y los promotores de la Unidad Terapéutica y Educativa (UTE) derivó ayer en una muestra de afecto a ésta última. Familiares, políticos y amigos abarrotaron las 404 butacas de la sala de cámara del Auditorio Príncipe Felipe para «defender algo que funciona bien, que está siendo exportado y que no debería hacer falta defender», según el lamento del penalista Luis Tuero. Allí estaban la consejera Ana González y la ex Noemí Martín, el diputado Ignacio Prendes, la alcaldesa de Avilés, Pilar Varela, y la exalcaldesa de Gijón, Paz Fernández Felgueroso; también su hermana y Procuradora General del Principado, María Antonia. Todos oyeron como allí se responsabilizaba a los mandos de la penitenciaría de «hostigamiento», «involución», «envidia» y «estrechez de miras» contra los módulos donde se practican estas terapias para librar a los presos de la drogodependencia.

«La actual confrontación de la dirección del centro con la UTE está alcanzando un nivel de conflictividad que no sólo afecta a profesionales y ONG que allí trabajan, sino que ha empezado a afectar al proceso de reeducación e inserción social de los internos», manifestó Rosa Fernández, presidenta de la Asociación de familiares y amigos de la UTE.

Una suma de desencuentros han motivado esta muestra de apoyo. Ayer se recordó cómo recientemente fueron revocadas dos comisiones de servicio de Educadores, lo que «ha supuesto un descabezamiento del proyecto». También ha sido suspendida la orden de entrada a la abogada del centro de día de la Fundación ADSIS. Los abandonos voluntarios de los módulos de la UTE, que se ejecutaban en el mismo día de la solicitud, ahora deben esperar 24 horas.

«En 2011 fueron derivados 122 presos; faltan unos días para que termine este año y llevamos 67», indicó Luis Manuel Flórez 'Floro', director de Proyecto Hombre Asturias, quien se preguntó si realmente «hay datos objetivos que justifiquen este cambio». Sus estadísticas dicen lo contrario. En los últimos seis años los presos que pasaron por programas residenciales como el que gerencia, elevaron a un 72,4% su grado de reinserción frente al 41,8% que domina al resto de reclusos. Después de cumplir condena «el 50% sigue manteniendo el tratamiento», abundó. El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) Ignacio Vidau y el fiscal superior, Gerardo Herrero, no pudieron acudir, pero transmitieron su apoyo por escrito.