El Principado prevé liquidar la Procuraduría en 2013 y deja su presupuesto en la mitad

El acuerdo de legislatura firmado entre el PSOE y UPyD ya ponía en solfa el futuro de la Procuraduría General. Ahora, el proyecto de presupuestos para 2013 despeja todas las dudas. La institución contará para el próximo año con una dotación económica de 1.186.501 euros, casi la mitad de los 2.293.245 euros que recibió en 2010. ¿La razón? El Principado planea ya su supresión, por lo que ha rebajado sustancialmente esta partida en las cuentas del próximo ejercicio. Pero cuando estas entren en vigor, el 1 de enero, la Procuraduría seguirá existiendo, lo que ha obligado a contar con ella en el reparto presupuestario de la región.

Sin embargo, la nada despreciable cantidad de casi 1,2 millones no ha de llamar a nadie a equívocos. El Gobierno regional mantiene su intención de suprimir la institución, según confirmaron fuentes parlamentarias socialistas. Las mismas que recordaron que, del mismo modo que la Procuraduría nació en el seno de la Junta, su liquidación debe realizarse a través del Parlamento. Su eliminación, se votará, pues, en pleno, lo que requerirá el consenso de varios grupos parlamentarios. Lo cierto es que, por el momento, solo Izquierda Unida se había pronunciado a favor de su continuidad.

UPyD, consciente de que «la supresión requiere tramitación parlamentaria», confía en que la liquidación de la Procuraduría tenga lugar durante el próximo periodo de sesiones, que comienza en febrero y finaliza en junio. «Ese es el compromiso» del Ejecutivo, destacó ayer el diputado de la formación, Ignacio Prendes. De hecho, apuntó, aunque el pacto de legislatura no especificaba ninguna fecha, «estaba previsto llevar esta iniciativa a la Junta durante el primer periodo de sesiones», por lo que espera que, ya que no ha sido así, la ley se tramite finalmente en el primer semestre de 2013. Las señales son claras. «Eso se desprende del hecho de que su presupuesto se haya visto tan reducido», admite Prendes.

En su opinión, «tiene que darse cumplimiento al acuerdo de legislatura», pero por el momento la Procuraduría «debe estar en el presupuesto, ya que es una institución con personal y gastos que el Principado debe atender y mantener». Su partido se desmarca así de otros modus operandi, con los que no está de acuerdo y que de «golpe y porrazo eliminaron de los presupuestos» a otros organismos en el pasado. Es el caso de la partida destinada a la RTPA, que dejó al ente público de comunicación en una delicadísima situación a finales de 2011, por decisión del Gobierno de Foro. «Hay que ser rigurosos y serios», instó el diputado.

UPyD, aunque cree que la Procuradoría no es necesaria, defiende la importancia de las funciones que ésta desarrolla, por lo que propone que sea la Comisión de Peticiones de la Junta -«que ya existe, pero vegeta»- quien, con otro nombre, las asuma. De este modo, puntualiza Prendes, «no planteamos una supresión de la institución sin más, sino una reforma para que las importantes acciones que llevaba a cabo sean asumidas por esta comisión», que aún no se ha reunido durante esta legislatura «y tiene que recuperar su actividad».

UPyD cree que uno de los principales fallos de la Procuraduría era la duplicidad de funciones, pero reconoce su «importante labor en lo relativo a los derechos de la ciudadanía y las personas al borde de la exclusión. Creemos que estas labores las tiene que desarrollar, directamente, el Parlamento».

El partido cree que la reforma debería abarcar toda la arquitectura institucional de la región «en estos próximos meses» y poner bajo lupa, no solo la Procuraduría General, sino también la Sindicatura de Cuentas, el Consejo Consultivo, el Consejo Económico y Social o el Consejo de Administración de la RTPA. Esto, claro, debería hacerse «no a iniciativa de un solo partido político, sino mediante un amplio acuerdo».

De momento, solo Prendes apoyó la propuesta popular de reducir de tres a uno los miembros de la Sindicatura de Cuentas.