La nueva normativa sobre saneamiento afectará a casi nueve mil asturianos

El canon de saneamiento será uno de los arietes que la oposición utilizará para atacar al Gobierno y a sus socios en la tramitación parlamentaria. Foro y Partido Popular afilan sus armas ante la comparecencias que arrancan el próximo lunes. De momento, dejan claro su rechazo a lo que califican como una «brutal subida» del impuesto, y advierten del daño que producirá a los ganaderos y agricultores asturianos.

El Principado, mientras, se defiende. Advierte de que los cambios normativos apenas tienen incidencia en la recaudación y ofrece cifras sobre la repercusión del nuevo marco legal. Al margen de las modificaciones formales que afectarán a la definición de los usos agrícolas y ganaderos -hasta ahora reconocidos como usos industriales- y la exigencia a las empresas suministradoras de facilitar toda la información, la Administración regional pone el acento en las dos iniciativas que, de una forma u otra, afectan a los ingresos tributarios.

Por un lado, la supresión de los mínimos para los contribuyentes sin contador. Desde el comienzo de la aplicación de la ley se habían puesto unos mínimos «incrementados» al objeto de estimular la colocación de contadores entre los usuarios. Sin embargo, el planteamiento no surtió efecto y la Administración ha decidido ahora eliminar ese 'plus'. Por tanto, sólo reclamará el pago del mínimo fijado en cada caso. La medida, según datos facilitados por la Consejería de Hacienda y Sector Público, afectará a cinco mil asturianos y supone una rebaja en la recaudación cercana a los 168.000 euros.

La otra modificación de peso en el nuevo marco normativo es la eliminación de la exención temporal a quienes carecen de saneamiento. La iniciativa, estiman, puede tener consecuencias para unos cuatro mil asturianos. Este paso, no obstante, permitirá a la Administración aumentar los ingresos, aunque no tanto como podría parecer. Según datos facilitados desde Hacienda, se calcula una recaudación en el entorno de los 200.000 euros.

Reproches de la oposición

Juan Vega, presidente de la Comisión de Fomento de Foro, recuerda que el origen del canon de saneamiento hay que buscarlo en una ley creada en 1994 por los socialistas. Entonces, asegura, contemplaba la universalización de su aplicación. En su opinión el tributo es «injusto y antisocial». Asegura que los asturianos que residen en zonas concretas de la comunidad y carecen de red de saneamiento «pagan como los demás». Hasta ahora se hacía una excepción que se termina con los cambios introducidos en la ley.

«Eso constata el carácter insolidario de estos presupuestos», apunta Vega, especialmente crítico con los efectos que va a producir esta subida al sector agrícola y ganadero. Foro señala como la principal responsable a la actual consejera de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio e Infraestructuras, Belén Fernández. «Ella era la responsable política en la contratación de las obras de saneamiento en la anterior etapa del Gobierno socialista», afirma Vega, que incide en el argumento de que ahora «están gestionando la junta de saneamiento los mismos».

Los populares tampoco se mantienen callados a la hora de pronunciarse sobre el incremento de un tributo que pasa de los 35 millones presupuestados en 2011 a los 56,5 millones previstos para el próximo ejercicio. Afirman que el canon de saneamiento en Asturias está «tocado de muerte».

La ley de presupuestos redefine los usos domésticos e industriales del canon, según resalta la diputada regional Victoria Delgado. Hasta ahora, sospecha, había un limbo jurídico y la recaudación que se obtenía no era la esperada.

Con los cambios introducidos, Delgado cree que se quiere terminar con la ambigüedad y así engordar las arcas regionales. La medida, sobre todo, incidirá en los trabajadores del campo. «No quieren que se escapen los ganaderos y agricultores y ponen en marcha estas nuevas medidas», dice la parlamentaria popular.

El PP critica estas modificaciones por la incidencia que van a tener en un sector ya muy castigado durante los últimos años y con el que la crisis también se está cebando. «Nos parece todo una barbaridad», apunta a continuación Delgado, que reprocha al Ejecutivo que sólo piense en clave recaudatoria y no valore el daño que provocará a muchos trabajadores de la ganadería y la agricultura.

«Visto lo visto -dice la diputada popular- lo único que cabe interpretar es que el Principado necesita obtener ingresos de cualquier forma y no se detiene a pensar en los afectados».