Monasterio aboga por una ley de quiebras para gobiernos insolventes

El director de Regulación y Estrategia de Riesgos de Liberbank y catedrático de Hacienda Pública de la Universidad de Oviedo, Carlos Monasterio Escudero, considera necesaria la existencia de una ley de quiebras públicas para los gobiernos insolventes. «Como clave de bóveda de la estabilidad presupuestaria, la ley de quiebras públicas podría jugar un papel esencial, para dar credibilidad a todo el sistema», señaló este experto en presupuestos y reformas fiscales en una entrevista concedida a la revista 'Auditoría pública', recogida por Europa press.

Y es que, a su juicio, existe el riesgo de llegar a acostumbrarse a que «lo normal», en materia de gestión presupuestaria, sea «una sucesión ininterrumpida de mecanismos extraordinarios», como la ley de pago a proveedores o el Fondo de Liquidez Autonómica (FLA). «En sentido económico, si me endeudo a diez años, no estoy enfrentando un problema puntual de liquidez, estoy gastando hoy con cargo a renta futura», resalta.

No obstante, reconoce que, en todo caso, una ley de quiebras públicas sería un mecanismo «para el futuro», ya que no cree que por ahora pueda ser considerada «de forma realista» una alternativa a la Ley de pago a proveedores o al Fondo de Liquidez Autonómica.

Para Monasterio «lo que falta en España es un verdadero mecanismo de coordinación multilateral». En este sentido, el también especialista en haciendas autonómicas y locales cree que «debería evitarse el bilateralismo» en las relaciones entre las comunidades y el Gobierno central.

«Sería bueno que todas las medidas de reforma de la financiación autonómica pasaran por el órgano multilateral competente», afirma, apuntando al Consejo de Política Fiscal y Financiera, «dada la inoperatividad del Senado». «Al decir todas me refiero también a las negociaciones del Cupo y Concierto de las comunidades forales».

Respecto a los tributos en las comunidades autónomas, sostiene que «existe claramente un margen suficiente» para que las autonomías lleven a cabo «cambios en los impuestos propios y, sobre todo, en los cedidos con capacidad normativa para afrontar ajustes de gasto de cierta envergadura», ajustes que, dice, «no tienen que recaer sólo en medidas tributarias, sino que exigirán replantearse otros aspectos, como el sentido del sector público empresarial autonómico, la política de personal o el sistema de presupuestación y gestión de las inversiones».

Rescate bancario

El catedrático también se refirió al rescate bancario y opinó que considera «básico» que el Tribunal de Cuentas fiscalice los fondos públicos utilizados en rescates bancarios. Así, opina que «en el marco actual el Tribunal de Cuentas debe fiscalizar aquella parte de los fondos públicos utilizados en rescates bancarios, así como la actuación del FROB, puesto que los recursos para estas actuaciones proceden del Presupuesto español».

Del mismo modo, Monasterio entiende que «el papel del Banco de España, como supervisor y garante de la estabilidad financiera, sería pilotar el día a día de los planes de reestructuración de las entidades financieras, hayan estas recibido fondos públicos o no». España recibirá el próximo 12 de diciembre el primer tramo del rescate bancario para las cajas nacionalizadas por importe de 37.500 millones de euros.