Los registros civiles cobrarán por determinados trámites

Del juzgado al Registro de la Propiedad. La nueva reforma legislativa en la que trabaja el Ministerio de Justicia, y que en breve pasará por el Consejo de Ministros, prevé un importante cambio en el funcionamiento del registro civil. Según el documento en el que trabaja el Gobierno, este servicio dejará de prestarse como hasta ahora en los juzgados y pasará a estar gestionado por los registradores de la Propiedad, que de acuerdo al borrador del anteproyecto de ley «sufragarán los costes derivados de la prestación del servicio mediante la aplicación de loscorrespondientes aranceles». En la práctica esto supondrá el pago de tasas por algunos de sus servicios. Desde el Ministerio se ha garantizado la gratuidad de gestiones como la inscripción de nacimientos y defunciones, pero aún está por determinar qué ocurrirá con otros trámites como el cambio de nombres y apellidos, los matrimonios, los divorcios o las peticiones de nacionalidad. Para estas gestiones se habla de tasas que oscilarían entre los 10 y los 40 euros.

La nueva organización supondrá, por ejemplo, que el registro civil de Gijón, cuyo traslado al nuevo Palacio de Justicia -donde cuenta con un espacio ya reservado y específicamente adaptado a sus necesidades- estaba previsto a lo largo del próximo semestre, podría no llegar a instalarse en las dependencias de La Bohemia junto al resto de órganos judiciales, sino ir a los despachos del Registro de la Propiedad, en la avenida de la Costa.

Al margen de la gestión de este servicio, el texto en el que trabaja el ministerio de Gallardón incluye otras novedades, como por ejemplo la obligatoriedad de inscribir en el registro civil el régimen económico de los matrimonios. También se modifica el artículo 58 de la ley actual, para que los enlaces civiles puedan celebrarse ante notario. El borrador no aclara si se quitará esta potestad a alcaldes y concejales. En el registro civil, además, podrán inscribirse en el futuro apoderamientos preventivos, domicilios a efectos de notificación, seguros de vida y accidentes, planes de pensiones, seguros de deceso y testamentos.