El Principado mantendrá el impuesto a la banca pese a la 'prohibición' de Rajoy

El Gobierno de Rajoy ha decidido blindar a la banca frente a la capacidad que tenían hasta ahora las comunidades de introducir impuestos que graven sus depósitos. El método elegido para dejar sin efecto los impuestos autonómicos sobre los bancos, presentes o futuros, consiste paradójicamente en la creación de un nuevo tributo. Hacienda plantea un impuesto sobre los depósitos, pero con un tipo del 0%. Esta nueva figura será de carácter estatal y por tanto tendrá un rango superior a cualquier normativa que puedan introducir otras administraciones en esta materia. El Principado, a pesar de esta decisión, mantiene su intención de seguir adelante con el gravamen bancario, fruto del acuerdo alcanzado en el marco de la negociación presupuestaria con IU y UPyD.

El presidente asturiano, Javier Fernández, no ocultó ayer su indignación con la medida impulsada desde el Ejecutivo central. Habitualmente comedido en sus manifestaciones, Fernández habló sin tapujos de un «fraude de ley» y acusó al Gobierno central de «deslealtad institucional». No aclaró el presidente asturiano si se recurrirá o no al Tribunal Constitucional, un paso que ya reclama Izquierda Unida. Lo cierto es que el 1 de enero entra en vigor la nueva ley del Ejecutivo central y, al mismo tiempo, los presupuestos autonómicos de Asturias, que contemplan el gravamen bancario. El desenlace de este pulso, reconocen fuentes del Principado, quedaría entonces en manos de los tribunales. Cabe recordar que el Gobierno de Rajoy ha tomado esta iniciativa pocos días después de que el Constitucional fallara a favor de Extremadura, primera comunidad en aplicar el gravamen, rechazando así el recurso presentado por el Gobierno presidido entonces por José María Aznar.

La decisión del Gobierno central cayó como una bomba en el pleno de ayer de la Junta General. Nadie se lo esperaba y menos los partidos afanados en cerrar los últimos flecos de la negociación presupuestaria. El secretario de Organización socialista y diputado, Jesús Gutiérrez, puso en conocimiento del portavoz de IU, Ángel González, la iniciativa del Ejecutivo popular. Minutos después, Javier Fernández y la consejera de Hacienda, Dolores Carcedo, mantuvieron una reunión para abordar el tema y analizar su repercusión en la confección de las cuentas públicas, donde Asturias espera obtener 30 millones con la aplicación de esta tasa. El propio Fernández explicó después a Ignacio Prendes la decisión de los socialistas de seguir adelante con sus planes a pesar de la 'prohibición' impuesta por el Gobierno central. Desde el Principado están convencidos de que la medida supone un «fraude de ley» y reconocen el daño que ocasionaría «desmontar» el presupuesto con el diálogo tan avanzado. «Sería como retroceder hasta el punto de partida», admiten.

El presidente asturiano, visiblemente enfadado, fue contundente al acusar al Ejecutivo de Rajoy de «bloquear» la capacidad tributaria de las comunidades y asegurar que la decisión incumple el actual marco normativo: «Es un impuesto a tipo cero que no va a recaudar nada de los bancos. Sólo es para impedir que lo puedan hacer las autonomías y eso va contra la corresponsabilidad fiscal». Sostiene, además, que todos los españoles tendrán que compensar ahora a andaluces y extremeños por la pérdida de un tributo que ya se aplicaba en estos territorios y que cuenta con el reciente aval del Tribunal Constitucional.

Izquierda Unida, por su parte, no tiene dudas y observa en la decisión del Gobierno popular la constatación de que «les interesa más el futuro de los banqueros que lo que pase con los ciudadanos», señaló Ángel González.

La tercera pata de la mesa en la elaboración de las cuentas autonómicas es UPyD. Su portavoz, Ignacio Prendes, critica la actuación del Ejecutivo central por recurrir a un «subterfugio legal» para garantizar supuestamente la unidad del mercado en todo el territorio. La iniciativa, pese a todo, no altera los planes de UPyD en la negociación de los presupuestos, advirtió Prendes. El PP rehusó ayer hacer comentarios hasta conocer el alcance de la medida, mientras que Foro reiteró que su rechazo al establecimiento de nuevas medidas impositivas, «como esta tasa que se saca de la manga Rajoy», afirmó la diputada Teresa Alonso.

«Armonizar la legislación»

El tributo impuesto por el Gobierno central además de frenar las aspiraciones de algunas autonomías, como el caso de Asturias, elimina de un plumazo los gravámenes fiscales que ya aplican los gobiernos de Extremadura, Andalucía y Canarias. Tras esta iniciativa subyace la voluntad del Ejecutivo, señalan, de armonizar la legislación fiscal sobre la banca en todo el territoro nacional y de prepararse para la eventual introducción de una tasa financiera a escala europea. El Ministerio de Hacienda asegura que compensará a los territorios afectados por la pérdida de ingresos derivados de sus impuestos con arreglo al sistema de financiación autonómica, aunque no dice nada de las comunidades que pensaban aplicarlo.

Para la instauración de esta tasa, el PP aprovechó la tramitación en el Senado del proyecto de Ley de Medidas Tributarias que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado para 2013. Es el mismo paquete legislativo que establece nuevos gravámenes para las plusvalías obtenidas a corto plazo, el fin de la deducción por las compras de vivienda habitual que se realicen a partir del 1 de enero y el nuevo gravamen del 20% sobre los premios de las Loterías, entre otras medidas. Una enmienda presentada el jueves a última hora de la noche por el grupo popular en la Cámara Alta dio carta de naturaleza a la iniciativa de bloquear los tributos autonómicos que pesan sobre la banca.