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M. MORO
Viernes, 30 de noviembre 2012, 03:41
Tres empresas gijonesas con 16 trabajadores se encuentran en una situación límite por el tiempo que llevan sin cobrar una deuda de 114.000 euros que les dejó Fenit Rail, una empresa participada en un 37,50% por Feve, que se encuentra en concurso de acreedores desde principios de agosto.
Corzo Ebanistería, a cuyo frente está la empresaria gijonesa María Corzo, ha tenido que poner en venta su nave del polígono de Somonte y hoy procederá al cierre de la empresa y al despido de los trabajadores. La situación de las subcontratas que trabajaron con Corzo: Barnizados Unión y Tapicería Cecris, no es menos dramática. Uno de los responsables de estas subcontratas, José Ramón González, 'Rubio', iniciará una huelga de hambre a partir del 10 de diciembre delante de las oficinas de Feve en Madrid.
Este trabajador lamenta que intenten «matar mi forma de vida, la de mi familia, mis socios y trabajadores». «El día 10 me sentaré con mi saco de dormir, mi pancarta y una silla para exigir justicia», señala en un escrito de las Asociaciones Federadas de Autónomos (Afas). «Quiero que vean mi cara, la de un trabajador que lo único que quiere es cobrar y seguir trabajando», añade.
Fenit Rail les contrató para restaurar cuatro coches del tren turístico 'Al Andalus' de Feve, un servicio cuyo billete más barato en temporada baja cuesta 2.300 euros. Las empresas gijonesas realizaron el trabajo en tiempo y forma, pero hoy siguen con un impago de 114.000 euros que llevó a algunas de ellas a pedir créditos personales para poder seguir con la actividad y pagar el IVA y el IRPF por adelantado de las facturas no cobradas. Sin embargo, la situación actual es insostenible y carecen de liquidez para poder suministrarse de materia prima y pagar a los proveedores. Corzo cesa hoy su actividad y las dos subcontratas afectadas podrían seguir su mismo camino.
En la reunión que mantuvieron con el actual presidente de Feve, Antonio Aguilar, éste les remitió al concurso legal en que se encuentra Fenit Rail y a la autoridad judicial, que es a la que corresponde agilizar el reparto de bienes entre los deudores.
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