El jurado considera culpable al acusado del asesinato del taxista de Arriondas

El Tribunal del Jurado declaró ayer culpable a Alexis M. F. F. de un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento por la muerte Guillermo Amieva Gallego, el taxista de Arriondas que en abril de 2010 falleció en su propio vehículo tras recibir 36 puñaladas en la localidad parraguesa de Collía mientras trabajaba. Los miembros del tribunal popular, que también encontraron culpable al joven dominicano de una falta de hurto, secundaron así la tesis de la Fiscalía del Principado de Asturias. Además, el jurado se opuso a una posible suspensión de condena y a la concesión de un indulto para el acusado. Tras el veredicto del jurado -conocido sólo unas horas después de que finalizara la tercera y última vista oral del juicio celebrado durante esta semana en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias- será el magistrado del Tribunal quien imponga la cuantía de la condena. La Fiscalía ratificaba ayer su petición inicial de 23 años de cárcel mientras que la acusación particular pide dos más, 25.

En la vista oral celebrada ayer el Ministerio Fiscal defendió que existen pruebas inculpatorias «suficientes» para la condena del acusado. La defensa, por su parte, insistió en la existencia de «dudas» sobre la autoría al entender que los indicios analizados durante el juicio «encajan con alfileres» ante la «falta de rigor» en algunas partes del proceso, como la aparición del móvil de la víctima con la tarjeta de teléfono del acusado en casa de un funcionario de Soto del Real.

Tanto la Fiscalía como la acusación particular apelaron al «sentido común» de los miembros del jurado popular y centraron buena parte de sus argumentos en los restos de saliva «fresca» del acusado hallados junto al taxi. Una prueba que la defensa había calificado el pasado lunes como «no definitiva ni contundente» porque no se halló dentro del vehículo y, por lo tanto, podría haber estado allí desde horas antes. Ante este argumento la acusación particular respondía ayer que en ningún momento Alexis M. F. explicó durante el juicio cómo llegó su saliva al lugar de los hechos, ni si había estado en Collía aquella trágica noche.

La Fiscalía calificó además de «desfachatez» la coartada del acusado, quien declaró que en la noche del crimen estuvo en varios locales de Cangas de Onís «pero no presenta ni un solo testigo que declare que ha estado con él». Además, la fiscal subrayó el hecho de que aparecieran imágenes en las cámaras de seguridad de una entidad bancaria que muestran al acusado transitando a las 3.02 horas del día 20 de abril por Cangas de Onís, en la misma franja horaria en la que otro taxista de la localidad recibió una llamada desde el móvil del fallecido -tras haber sido robado- desde esta misma ubicación.

Entre las pruebas abordadas en la vista oral celebrada ayer figuraba la declaración mediante conferencia de cuatro funcionarios encargados de los análisis e informes que han permitido determinar mediante las pruebas de ADN que «el perfil biológico de la muestra de saliva recogida sobre el asfalto en el ángulo de apertura de la puerta delantera del taxi correspondía con certeza al del acusado».

Cabaña del Escribano

Los hechos se remontan a la madrugada del 19 al 20 de abril de 2010 cuando el acusado se subió en Arriondas al taxi que conducía el joven Guillermo Amieva Gallego, de 37 años, y tras sobrepasar la localidad de Collía, en las proximidades de lo que se conoce como Cabaña del Escribano, le apuñaló con un arma de «no menos de diez centímetros de longitud» hasta en 36 ocasiones, en cuello, extremidades superiores y cara anterior y lateral del tórax. El taxista no pudo defenderse por llevar el cinturón de seguridad abrochado aunque sí se le escuchó pedir auxilio por la emisora. Alexis M.F.F. abandonó el lugar con el teléfono móvil de su víctima, un navegador, unos 150 euros, las llaves del vehículo y un interruptor con soporte de velcro que permitía la conexión con la emisora del servicio de taxi. Huyó a Suiza con el coche robado a su compañero de piso, y allí fue detenido y extraditado a España para su ingreso en prisión.

El Ministerio Público, además de la pena de 23 años prisión, solicita que se prohiba al acusado residir en Cangas de Onís, aproximarse o comunicar con los familiares de la víctima durante 28 años, además de al abono de una indemnización de 113.408 euros al padre de la víctima.