El juez ordena readmitir a Ana Tarrés al frente de la selección

El Juzgado de lo Social número 2 de Terrassa (Barcelona) ha ordenado retornar a Anna Tarrés a sus funciones como seleccionadora nacional hasta finales de 2012, pero no ha tenido en cuenta sus reclamaciones económicas.

Tarrés había reclamado a la Federación Española de Natación 350.000 euros por atentar contra sus derechos fundamentales en el ámbito laboral al ser relevada de sus funciones tras los Juegos Olímpicos de Londres. Esa fue la cantidad que solicitó durante el juicio de tutela celebrado hace quince días y en el que acusó a la Federación y a su presidente, Fernando Carpena, de atentar contra su dignidad personal e incurrir en acoso moral apartándola de sus funciones como seleccionadora nacional.

El juez ha estimado en parte la demanda formulada y ha ordenado reponer a Tarrés en sus funciones de seleccionadora nacional, aunque la exonera de prestar servicios efectivos para la Federación «sin perjuicio de continuar percibiendo el mismo salario que se venía abonando».

Todo ello hasta la extinción del contrato, que vence el 31 de diciembre de 2012. El juez declara que la actuación de Carpena «consistente en no facilitar» a Tarrés «ocupación efectiva» como seleccionadora nacional constituye «una vulneración del derecho al honor de la demandante por afectar a su prestigio profesional».

Sin embargo, el juez no ha tenido en cuenta la petición de Tarrés respecto a su reclamación económica. La compensación es la estimada de dos anualidades del salario bruto (85.000 euros), más otras dos en premios por medallas (65.000 euros 2012), a lo que había que sumar otros 50.000 de indemnización por daños morales.