IU calcula que el impuesto a los bancos permitiría recaudar 40 millones anuales

El impuesto a los bancos que IU ha puesto sobre la mesa, trasladando a Asturias una medida que ya funciona en Extremadura y Andalucía, es en este momento el principal escollo que bloquea el acuerdo sobre los presupuestos de 2013. La coalición, cuyos cinco diputados necesita el PSOE, se reafirmó ayer en la necesidad de impulsar ese tributo, con una recaudación que cifra en el entorno de los 40 millones anuales, un planteamiento que es visto con muy malos ojos por parte de UPyD, cuyo único voto es también decisivo para que las cuentas salgan adelante. En este escenario, el Gobierno sabe que no puede rehuir el debate sobre el impuesto y prepara una alternativa fiscal que sea asumible para sus dos potenciales aliados.

La negociación va a contrarreloj porque el tiempo se agota. Si se quiere remitir el texto a la Junta antes del puente de diciembre, paso previo al inicio de una farragosa tramitación parlamentaria, las negociaciones no pueden demorarse más allá de esta semana. Los contactos del PSOE con IU y UPyD se agilizaron ayer y los puntos de consenso parecen claros, pero también los conflictos.

Según fuentes de la negociación, hay un consenso razonable por el lado del gasto. A expensas del ajuste fino de las cifras, las posiciones de PSOE e IU en asuntos sensibles como la financiación de los servicios básicos, la política social o el empleo están bastante próximas. No encajan todavía, pero se han limado diferencias. El problema surge a la hora de poner sobre la mesa los recursos que deben financiar esas actuaciones.

IU no quiere que el dinero destinado a atender esas prioridades salga exclusivamente de los recortes en otras partidas. De ahí su propuesta de, «sin tirarnos al monte», como señaló ayer su portavoz, Ángel González, elevar el margen de ingresos. Y ahí entra en escena tanto un retoque del impuesto de Sucesiones y Donaciones como el gravamen a los bancos, después del «espaldarazo» que ha supuesto el reciente fallo del Tribunal Constitucional que avala la plena legalidad del tributo aplicado en Extremadura.

¿Bancos o personas?

González defiende con vehemencia ese impuesto y estima, en una lectura rápida, que podría reportar a las arcas asturianas del orden de 40 millones anuales. IU ve razonable asimismo destinar esos fondos a empleo y reactivación económica, facilitando así el eventual visto bueno de UPyD, contrario al tributo pero que cree esenciales las políticas antes citadas. Esta fórmula permitiría además liberar otras partidas para el gasto social. «A ver si los partidos prefieren defender a los bancos o a la gente que lo está pasando mal», dijo a modo de aviso.

El 'no' de UPyD se mantiene. Y el PSOE y el Gobierno, que lo saben, no rehuirán el debate sobre este impuesto y perfilan ya una alternativa que ambas partes puedan compartir. Un objetivo difícil, tal y como se asume en el Ejecutivo, que no obstante va a «dejarse la piel y echar el resto» para encontrar una solución que permita desbloquear este punto de fricción.

Esa fórmula pasa por encontrar un punto intermedio que no desvirtúe el planteamiento inicial de IU pero que a la vez pueda recibir el visto bueno de UPyD, crítico con cualquier medida que suponga una revisión al alza de la fiscalidad.