La plantilla del Cabo Peñas tilda su disolución de «demolición sin proyecto»

«La disolución de la Mancomunidad de Cabo Peñas que pretenden los políticos de Gozón es una demolición sin proyecto». Es la opinión común de los empleados del organismo supramunicipal ante el ultimátum dado por el alcalde gozoniego, Ramón Artime, para buscar otras alternativas a la desaparición del ente, que ahora tiene el respaldo oficial de Foro Asturias en Gozón. La plantilla considera que se están dando pasos equivocados y que su liquidación implicará que los vecinos de ambos concejos «tengan que pagar las importantes indemnizaciones que habrá que abonar» al personal.

Consideran que la decisión de prescindir de unos servicios que crearon los diferentes gestores de la Mancomunidad por estimarlos necesarios y de interés para los ayuntamientos está «injustificada». Y, aunque admiten que es conocida la postura del regidor gozoniego Ramón Artime sobre los excesivos gastos que genera la institución, creen que también «debería calcular el coste que supondrá su desaparición para las mermadas arcas de su ayuntamiento».

Mientras tanto, para el gobierno socialista de Carreño, el anuncio de Foro, respaldando la disolución, «no cambia en nada los criterios ya expuestos en su día», señala la vicealcaldesa, Amelia Fernández. Por tanto, Carreño sigue apostando por el mantenimiento de los puestos de trabajo por encima de todo. Su decisión también está avalada por la mayoría de los partidos políticos con representación en el Pleno carreñense, con la única excepción del Partido Popular.

La postura cuenta también con el apoyo de la mayoría de vecinos del municipio, según una encuesta efectuada por la Asociación de Vecinos de Candás. En cualquier caso, la decisión del Partido Popular y Foro Asturias en Gozón parece ya firme. El propio Artime fijó el próximo 31 de diciembre como fecha tope para decidir el futuro del ente supramunicipal.

La situación económica por la que atraviesa el Consistorio gozoniego parece ser el desencadenante para que los foristas hayan dejado su incertidumbre previa para posicionarse a favor de la disolución. Con vistas al ejercicio presupuestario de 2013, Gozón únicamente contribuirá con 180.000 euros de los 430.000 que debería aportar cada uno de los dos consistorios locales.

De acuerdo con los estatutos de la Mancomunidad, la disolución debe ser iniciativa de una de las dos corporaciones integrantes. Con posterioridad, habrá que crear una comisión encargada de los trámites propios de la ruptura.

Así las cosas, antes de que finalice el año, la presidencia de la Mancomunidad, que ostenta el alcalde de Gozón, deberá convocar un Pleno con los 34 concejales para debatir la situación y buscar alternativas de futuro. La única opción posible sería un cambio administrativo para convertir el ente en un consorcio con algunos servicios de interés común. El cierre de la Mancomunidad reportaría un importante desembolso en indemnizaciones a unos trabajadores que, en algunos casos, suman 20 años de antigüedad.