El Principado abre 101 expedientes por infracciones en materia de residuos

La Consejería de Medio Ambiente lleva 101 expedientes sancionadores abiertos este año por incumplir las leyes en materia de residuos. «La mayoría son a transportistas de escombros que, o bien operan sin la autorización administrativa correspondiente, o no entregan el residuo a reciclar», confirman desde el departamento que rige Belén Fernández.

El fiscal delegado de Medio Ambiente, Joaquín de la Riva, investigó en los últimos meses el asunto, a raíz de los avisos que le hizo el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. De la Riva concluyó las diligencias en los últimos días identificando a varias empresas que estarían cobrando a sus clientes por llevarse el contenedor de obra o demolición a una planta de reciclado, pero que luego se libran del escombro en distintas fincas. De esta forma, evitarían la tasa que Cogersa y Parque Verde cobran por someter el residuo a un proceso que permita su reaprovechamiento. Desde 2008, un real decreto marca que los residuos de obra deben ser reutilizados en la misma obra, entregados para su reciclaje, o usados como relleno donde la Administración lo autorice. La mecánica descubierta por la fiscalía quebranta la norma, pero más allá de la posible estafa al cliente, no tiene la entidad de un delito. La sanción que corresponde es administrativa, motivo por el cual De la Riva urgió al Principado a tomar cartas en el asunto, imponiendo las multas correspondientes.

En la Consejería de Medio Ambiente están a la espera de recibir las diligencias del fiscal pero su resultado no les pilla de sorpresa. Paz Orviz, directora general de Sostenibilidad y Cambio Climático, admite ser «conocedora de ciertas malas prácticas en relación con los residuos de construcción y demolición». Entre ellas ha «detectado que en ocasiones no se llega a cerrar el ciclo» previsto por la norma para el transporte de residuos, porque determinadas «empresas de contenedores entregan los residuos a otro tipo de agentes, por ejemplo para rellenos, sin pasar los residuos por operaciones de tratamiento».

Los escombros de obra han sido gestionados tradicionalmente por los transportistas de contenedores «a través de vertederos particulares», recuerda Orviz. En 2001 se censaron 30 de estos depósitos, que «en su mayoría han sido clasurados al no poder adaptarse a las exigencias medioambientales» que ese año impuso un real decreto sobre vertederos.

Siete años más tarde fue aprobada la norma sobre desperdicios de obra con las obligaciones ya explicadas. La directora general reconoce que su acatamiento encuentra problemas «por ejemplo, con los residuos que se generan en pequeñas obras y que, en ocasiones, son vertidos ilegalmente». Es un problema más localizado en las alas; dado lo lejos que quedan las plantas de Cogersa y Parque Verde, «pueden llegar a generarse pequeños vertederos ilegales, que suelen ser desmantelados y saneados por los ayuntamientos», indica Orviz. Tampoco «es infrecuente la utilización de escombros sin tratar para la regularización de fincas de particulares o pequeños rellenos de otras obras, algo que estaba permitido hasta 2008», apunta.

Orviz reconoce que «los vertederos incontrolados son un riesgo para la salud pública» pero matiza que la problemática en Asturias «no es tan acuciante como en otros territorios».