La fiscalía identifica varias empresas que hacen negocio creando vertederos 'pirata'

Confirmado: en Asturias hay empresas que se están lucrando a costa de multiplicar los vertederos 'pirata' de la región. El fiscal delegado de Medio Ambiente, Joaquín de la Riva, ha investigado el asunto en los últimos meses tras ser advertido por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Del análisis de los informes y las fotografías obtenidas concluye «que sí; se están eliminando residuos de construcción y demolición de forma ilegal, están apareciendo muchos depósitos de este tipo».

Desde 2008 la ley obliga a las empresas que promueven una obra de construcción o demolición a contratar los servicios de los transportistas de residuos autorizados. En Asturias este sector no llega a la veintena y su cometido es el de servir el contenedor, recogerlo con un camión, y trasladar finalmente los áridos y desperdicios a Cogersa o Parque Verde, las empresas habilitadas para reciclarlo. Ambas sociedades cobran una tasa por camión, en función de las toneladas que les va a dejar y es ahí donde la mecánica de algunas empresas se aparta de la ley: «Para evitar ese gasto, los hay que están vaciando sus camiones en depósitos ilegales», indica De la Riva. Cabe precisar que la tasa por reciclaje supone casi la mitad de todos los costes de la operación. «Esto está ocurriendo con cierta asiduidad y puede ser un poco consecuencia de la crisis, que lleva a las empresas a ahorrarse costes, a veces incumpliendo la ley», razona el fiscal de Medio Ambiente.

Resulta difícil determinar cuántos vertederos 'pirata' responden a este perfil. El gerente de Parque Verde, José Luis Martín Fadiño, estima en «unas 200.000 toneladas» de escombro las que el año pasado salieron de parcelas donde se estaba levantando un edificio o tirándolo abajo y se perdieron por el camino. De llevar razón, el perjuicio económico causado a Cogersa y Parque Verde sería de 2,4 millones en tasas no cobradas, un dinero que se habrían ahorrado las empresas que trabajan fuera de la ley.

Las diligencias realizadas por la Fiscalía de Medio Ambiente han permitido identificar a algunas de estas sociedades, pero su persecución resulta compleja. «Por un lado pueden haber cometido un delito de estafa, al cobrar a sus clientes por llevarse a reciclar un residuo que tiraron por ahí», concede De la Riva. El problema ahí es que la víctima tiene pocos estímulos para denunciar : el chófer 'pirata', al ahorrarse la tasa de reciclaje, puede cobrar unos honorarios inferiores que quien sí cumple la norma. Además, la responsabilidad del constructor sobre el residuo termina una vez ve alejarse el camión con el contenedor.

«Hay un daño paisajístico y una ilegalidad clara, pero mientras el residuo no sea tóxico o peligroso, su vertido no entra dentro de la categoría de delito», aclara el fiscal de Medio Ambiente. Éste es el motivo por el cual una vez finalizadas sus diligencias de investigación, ha dado traslado de las mismas a la Consejería de Medio Ambiente, al ser ésta la competente para imponer las sanciones administrativas a quien está incumpliendo la ley de residuos. Al asunto «hay que ponerle coto y debe sancionarse, pero en el ámbito del Principado», insta De la Riva. El problema está «dentro de ese ámbito», abunda.

Servicio afectado

Precisamente la unidad de residuos de Medio Ambiente se ha visto afectada en los últimos meses por una querella penal. Entre 2008 y mayo de 2012 el jefe de la unidad, R. I. R. S. , propuso la apertura de 24 expedientes sancionadores de los que nueve se iniciaron en este año. Coincidiendo con ese repunte, tres sociedades a las que señaló en el 41,6% de estos expedientes le denunciaron por presunta prevaricación administrativa, al entender que su gestión perseguía beneficiar al accionista de Parque Verde. Los demandantes aseguraron que en los últimos meses personal al servicio de Parque Verde habría seguido sus camiones y tomado fotografías de los lugares donde realizan los vertidos, imágenes que luego facilitaban al funcionario encausado para que promoviera las sanciones.

En su declaración judicial, R. I. R. S. reconoció ser amigo del citado accionista, pero negó haberle favorecido y atribuyó la denuncia una estrategia de los presuntos infractores. Según su relato, al menos una de las empresas estaría gratificando con un extra a los camioneros que encuentran parcelas donde librarse de la mercancía. A su entender, las empresas «han conseguido en parte su propósito» dado que el personal de Medio Ambiente ya «no quiere salir de inspección por miedo a posibles represalias». La versión de la consejería es, en cambio, que la unidad «continúa con su labor habitual».