El puente reduce el impacto del primer día de huelga judicial

El primer día de movilizaciones de los jueces y fiscales para reclamar más recursos para la Administración de Justicia se saldó ayer sin apenas actividad judicial debido a que el número de señalamientos de actuaciones judiciales fue muy escaso en todos los juzgados de España a consecuencia del puente.

Así lo expresaron ayer a Efe varios portavoces de las asociaciones de jueces y fiscales, que ayer pusieron en marcha unas medidas de «autorregulación» consistentes en el cumplimiento estricto de sus horas de audiencia y la reducción del número de señalamientos al módulo establecido por el Consejo General del Poder Judicial.

La portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Teresa Sáez, reconoció que «entre el puente y las medidas acordadas apenas han existido señalamientos de actuaciones judiciales en todos los juzgados de España».

Por su parte, el portavoz de la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, José Luis González Armengol, indicó que las medidas de «autorregulación» comienzan en un puente, en el que hay pocos señalamientos, pero ha asegurado que los efectos se notarán a partir de la semana que viene.

La UCE ve falta de democracia

Por otra parte, la Unión de Consumidores de Asturias- UCE ha cargado este viernes contra la «aprobación clandestina» de las tasas judiciales , que consideran un «finiquito» al derecho de acceso a la justicia para toda la ciudadanía. Es más, en UCE consideran que estas tasas otorgan impunidad a los abusos de las empresas, blindándolas ante las reclamaciones de los consumidores. Creen que efectivamente, las tasas descongestionarán la Justicia, pero «a costa del derecho de acceder paras las clases medias y populares». Consideran que se restringe el derecho a la justicia a las clases pudientes. Asimismo, UCE afirma que se limita de manera «muy grave» el derecho de los consumidores ante los posibles abusos de grandes empresas. «Supondrá en la práctica, la impunidad de los abusos en cuantías menores, ya que el coste del acceso a la justicia será económicamente mucho mayor que la cantidad reclamada».