El juez condena a readmitir a la asesora jurídica municipal de Corvera

El Tribunal Superior de Justicia ha condenado al Ayuntamiento de Corvera a readmitir a la asesora jurídica municipal, Susana Pérez, despedida el pasado mes de abril a raíz de que el equipo de gobierno amortizase la plaza que ocupaba desde 2003. También le obliga a abonarle íntegramente los salarios que deje de percibir entre la fecha de su cese y la de su efectiva reincorporación, si bien ya cobra su nómina mensual, pese a que no se le permite acudir a trabajar, desde el pasado mes de junio, fecha en la que se dictó la sentencia que declara nulo su despido, ahora ratificada.

El juez considera «probado» que una serie de supuestos concretos que expone Susana Pérez en su demanda «constituyen acoso moral o mobbing, al responder las conductas empresariales -en alusión a los responsables municipales- a un claro hostigamiento a la trabajadora, que tras muchas vicisitudes finalizaron en un despido que se produce en base a una amortización de un puesto de trabajo, no por necesidades económicas, sino por su transformación en una plaza de funcionario técnico de la Administración General (...)».

Al margen del acoso laboral, que define como «conducta abusiva que se ejerce de forma sistemática, a través de reiterados comportamientos, palabras o actitudes que lesionan su dignidad o integridad psíquica», el juez puntualiza que «ni se ha cubierto temporalmente el puesto de trabajo que ocupaba la recurrente ni se ha creado la plaza de funcionario, por lo que no se cumplen los requisitos pactados para proceder a la finalización de su relación laboral».

La USPC emitió ayer un comunicado en el que asegura que el despido de la asesora jurídica, «que inició su relación laboral con el Ayuntamiento en marzo de 2001», época en la que gobernaba el PSOE , «fue el colofón de una cadena de acciones hostiles, deshonrosas y vejatorias para la trabajadora llevadas a cabo por el actual equipo de gobierno, dirigido por el socialista José Luis Vega, con el apoyo ciego de IU».

En su comunicado, la USPC alude al «inestimable asesoramiento» del secretario municipal, «el también socialista Ramón Menéndez Chaves», quien «hizo caso omiso de las advertencias del grupo municipal de la USPC, que en el transcurso del Pleno en el que se aprobó la amortización de la plaza de la asesora jurídica y el presupuesto del año en curso expresó en reiteradas ocasiones la ilegalidad que se estaba cometiendo».

El litigio comenzó en abril de 2011 cuando el entonces alcalde, Luis Belarmino Moro (USPC), convocó la plaza de asesor jurídico. En junio de aquel año, poco después de la toma de posesión del actual gobierno, el nuevo alcalde, José Luis Vega, suspendió cautelarmente el proceso de selección, ya en marcha, argumentando que el secretario municipal advertía del «grave vicio existente» en el procedimiento.

Tras distintos avatares -como la sentencia que anuló los presupuestos de 2010 y 2011, decisión que según afirmó el alcalde dejó al Ayuntamiento al borde de la suspensión de pagos- el gobierno amortizó la plaza de asesora jurídica, lo que conllevó su despido.

La USPC afirma que el único delito de la trabajadora «es no pertenecer al PSOE», incide en que la sentencia «declara que ha sufrido acoso en el desempeño de sus funciones con clara vulneración de sus derechos fundamentales» y recalca «el excelente asesoramiento que presta el secretario municipal, a quien se le premia con gratificaciones de más de 1.000 euros mensuales, pese a que su salario, cerca de 70.000 euros, es el más alto del Ayuntamiento», concluye.