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R. MUÑIZ
Viernes, 26 de octubre 2012, 02:18
Los funcionarios de Medio Ambiente encargados de las labores de inspección en materia de residuos «continúan con su labor habitual». Así lo aseguran fuentes de una consejería a cuyo registro siguen llegando las quejas que particulares, ecologistas y el Seprona de la Guardia Civil suscriben advirtiendo de los camiones que echan los desperdicios en fincas no habilitadas para ello.
Desde 2008, un Real Decreto obliga a que todos los desperdicios de la construcción que no sean susceptibles de aprovechamiento dentro de la misma obra sean entregados a los gestores autorizados por la Administración. Estas empresas deben luego enviar los camiones y containers hasta una planta de reciclaje o tratamiento de residuos. En ocasiones, el transportista opta por deshacerse de la mercancía en una finca para así ahorrarse la tasa que cobra la planta de reciclaje.
El asunto lo explicó el miércoles, ante la magistrada-juez María Luisa Llaneza, el actual jefe de la unidad de residuos de la consejería, R. I. R. S., en el cargo desde hace casi 14 años. El funcionario controla un sector de notable litigiosidad, donde «son frecuentes las tensiones entre empresas y los intentos de ir al límite de la ley», asegura uno de sus compañeros. R. I. R. S. ha sido ahora denunciado por tres mercantiles (Contenedores José Manuel, Contem Verde y Coverde Cogar), que lo acusan de cometer una prevaricación administrativa, lo que de probarse, le inhabilitaría entre siete y diez años. Entienden los querellantes que aprovechándose de su puesto, el funcionario ha favorecido a su rival, Contemax.
En su declaración como imputado, R. I. R. S. negó esta acusación y detalló las irregularidades que, según su versión, encuentra en dos de las firmas querellantes. Adujo además que las quejas contra Contem Verde siguen llegando desde el Seprona incluso después de que él fuera, cautelarmente, apartado del puesto. El jefe de unidad concedió que sus denunciantes «han conseguido en parte su propósito» dado que, según relató, sus compañeros de equipo ahora «no quieren salir de inspección por miedo a posibles represalias».
La querella contra el funcionario incluye copia de una factura de hotel que Contemax pagó en 2009 por nueve noches de hotel para R. I. R. S. El funcionario expuso que desde 1987 es amigo de B. F, impulsor de esa mercantil, que durante tres años veraneó en su casa y que el cuarto, como ya había familia en el domicilio, el empresario le buscó acomodo en un hotel cercano. R. I. R. S. reconoció que su amigo le pagó el hotel sin avisarle y que, «como me parecía mal», fue a verle a Contemax para devolverle el dinero ante dos testigos. Uno de los que identificó como tal es R. R., quien trabajaba entonces en la sociedad y hoy lleva una de las empresas que han denunciado al funcionario. El asesor jurídico de Contemax confirmó ayer este relato.
Según la declaración del imputado, denunciante y denunciado comparten un lejano parentesco y coincidieron en la boda de un hijo. El jefe de unidad aseguró que una vez fue visitado por R. R. y su esposa, quienes le advirtieron de que debía levantar la mano o que «se atuviera a las consecuencias». El funcionario reconoció igualmente que ha celebrado comidas con los empresarios B. F. y con R. R., abonando éstos las facturas del restaurante.
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