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Miércoles, 24 de octubre 2012, 11:24
Los sindicatos ferroviarios harán piña para poner sobre la mesa una solución atrevida al 'solarón' de casi 200.000 metros cuadrados de El Humedal a Moreda: volver al punto de inicio, es decir, reponer las vías y reabrir la estación de El Humedal para así «devolver la centralidad perdida al tren». El comité de empresa de Feve ultimaba ayer un documento para el que busca la firma de todas las centrales, que detalle esta propuesta, y que tiene intención de registrar, hoy mismo, ante el Ayuntamiento de Gijón y el Principado, accionistas de Gijón al Norte con un 25% de la masa social cada uno. La iniciativa cuenta con el apoyo también del comité de Renfe y Adif y surge después de que el consistorio y la Consejería de Fomento abrieran el debate social sobre los posibles usos del espacio ahora yermo.
Por ahora la administración local y autonómica sugieren soluciones transitorias, que den provecho al 'solarón' sin impedir en un futuro emprender la solución final, esto es, la estación intermodal en la que habrían de convivir los trenes de vía estrecha, ancho ibérico, el AVE y los autobuses urbanos y regionales. Gijón al Norte levantó este sueño con un plan financiero que esperaba unas plusvalías de 310 millones, en su mayor parte procedentes de la venta de parcelas cuya edificabilidad permitía construir torres de 23 plantas hasta alcanzar entre 1.400 y 1.600 nuevas viviendas.
Ayuntamiento y Principado admiten que el parón en la construcción obliga a posponer la operación pero siguen creyendo en ella. A esa posición se sumó ayer también UPyD, en un escrito donde insta a buscar «propuestas temporales» que sean «viables y compatibles con el desarrollo del proyecto del plan de vías y que no incurran en planteamientos costosos».
Los sindicatos, en cambio, han perdido toda esperanza y empiezan a juzgar inviable el esquema. «Gijón al Norte nos ha engañado, ha sido una estafa; igual que del metrotrén solo se habla para reírse de él, con la sociedad de integración vamos por el mismo camino», asienta Luis Blanco, portavoz de UGT en el comité de empresa de Feve. «Se quitaron las vías para penetrar con ellas en el centro de la ciudad; si ahora Gijón al Norte no puede cumplir con ese acuerdo, no puede tampoco dejarnos en esta situación tan lesiva para el ferrocarril y sus trabajadores. El colmo sería que una operación iniciada para impulsar el transporte público termine amparando un parking que anime al coche particular y ya veremos si una mejor estación para el autobús», abunda Blanco.
Por ahora la sociedad de intregración lleva más de 20 millones invertidos en la construcción de la estación provisional de Sanz Crespo (única en servicio desde junio de 2011), las actuaciones complementarias en La Calzada y Tremañes y el derribo de la terminal de Jovellanos (concluido en marzo de 2011). Las operaciones se están abonando con un crédito de 36 millones sindicato con cinco entidades (BBVA, Santander, Instituto Oficial de Crédito, Cajastur y Caja Madrid), que fue renovado recientemente por un año más y que, dada la falta de ingresos de la sociedad, supone una amenaza para las instituciones comprometidas. El reparto accionarial, por cierto, deberá ser reordenado dada la absorción que Adif y Renfe Operadora harán sobre Feve, el 31 de diciembre próximos.
Después de más de 20 millones puestos, desandar la operación «es difícil, pero sería beneficioso para el ferrocarril y para la ciudad de Gijón; eso sí, habría que estudiar darle otro uso a Sanz Crespo, quizás como discoteca», indica Juan Carlos Lora, secretario general de la sección ferroviaria de CC OO.
Fomento se desvincula
¿Y qué dice el Ministerio de Fomento sobre el asunto? El departamento de Ana Pastor, que controla el 50% de Gijón al Norte a través de Feve, Renfe y Adif, guarda silencio pero se remite a las políticas que avanza en el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda (PITVI), un documento diseñado con la intención de guiar al ministerio hasta 2024.
Ana Pastor ya afeó de manera oficial que «Gijón al Norte ha perdido el norte en la gestión» y lamentó los 1.000 millones que arrastran las sociedades de integración lanzadas en todo el país al calor de la llegada del AVE a las ciudades.
El PITVI va más allá del reproche y advierte sobre los convenios de soterramiento de que «no son necesarios para garantizar un buen servicio ni la funcionalidad de la red ferroviaria y por ello no son soluciones que se consideren, en general, en otros países de nuestro entorno». Declarado el diagnóstico, el documento «introduce una profunda revisión de la política seguida en los últimos años». El nuevo rumbo «establece que las inversiones vinculadas a mejoras de integración urbana (soterramientos, cubrimientos, viaductos, etc.) son obras de carácter urbanístico por lo que deberán ser asumidas directamente por las Administraciones Locales y Autonómicas competentes en materia de urbanismo».
El ministerio se muestra dispuesto a entregar los suelos de uso ferroviario que queden libres a «las administraciones competentes» para que los vendan y financien el proyecto. Bajo este nuevo enfoque, Fomento anuncia que «se revisarán, y podrán eventualmente replantearse, las soluciones ya acordadas en algunas ciudades».
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