El Tribunal de Cuentas acusa a 8 consistorios de irregularidades en obras del 'Plan E'

Empresas que para hacerse con la obra prometían sacar a decenas de asturianos del paro y luego incumplían el compromiso. Ayuntamientos que podían sancionarles por ello y desistían. Licitaciones anunciadas antes de que el expediente de contratación estuviera aprobado. El pleno del Tribunal de Cuentas aprobó el 26 de septiembre un informe en el que acusa a ocho ayuntamientos asturianos de haber incurrido en «irregularidades y deficiencias» en catorce contratos de obras del 'Plan E'. Las actuaciones cuestionadas se estiman en 18,7 millones.

El documento resume dos años de inspección sobre el Fondo Estatal de Inversión Local (FEIL), un programa dentro del Plan Español para el Estímulo de la Economía y el Empleo ('Plan E') que entregó a los ayuntamientos una bolsa con 8.000 millones de euros. El objetivo era planificar nuevas obras de rápida ejecución y que repescaran a los obreros que empezaban a perder la esperanza en las listas del desempleo.

Para comprobar la legalidad con la que los consistorios del país gestionaron un programa dotado con el 0,8% del Producto Interior Bruto (PIB), el órgano fiscalizador eligió una muestra en la que sólo incluyó a 14 de los 78 concejos asturianos y de éstos, sólo escrutó 27 de sus más de 200 proyectos. Del resto sólo hizo una lectura somera, concluyendo con la sospecha de que nueve concejos más pudieron fraccionar encargos para así tramitarlos como negociado sin publicidad o contrato menor, lo que simplifica los controles.

Coordinados por la Delegación del Gobierno, los munícipes de la región captaron 188,4 millones del 'Plan E' con una gestión a marchas forzadas. Sólo 14 de los 633 proyectos presentados aquí fueron rechazados, la menor tasa del país. El colombódromo de 400.000 euros que Gabino de Lorenzo pedía para El Asturcón está entre esos raros descartes.

Asturias destaca también en otra categoría: fue la tercera comunidad que, a la hora de luchar contra el paro, menos provecho sacó a las subvenciones. A finales de 2009, la Administración estimaba en 8.329 los puestos de trabajo generados por el 'Plan E' en el Principado; lo cierto es que sólo 2.569 se cubrieron con parados. Es decir, hizo falta 83.408 euros de subvención para 'rescatar' a cada desempleado; sólo País Vasco (con 130.433) y La Rioja (89.765) precisaron de mayores cantidades.

El Gobierno central puso el dinero pero dejó a los ayuntamientos que licitaran los contratos. Eso sí, instándoles a que «tomaran en consideración» a la hora de elegir al adjudicatario, el compromiso que mostrara por contratar a «excedentes de la construcción». Una vez firmando el contrato, el empresario debía notificar cada alta ante el ministerio.

De 122 puestos, sólo cuatro

Pues bien, hubo 18 proyectos que en Asturias se llevaron constructores bajo promesas de reclutar a 251 parados y al final sólo lo hicieron con 43. El caso más notable es el de la escuela infantil de Viesques, de casi un millón de euros. Según el Tribunal de Cuentas, Construcciones Orcema se comprometió a contratar a 122 desempleados y solo formalizó cuatro altas. En toda España sólo hay cuatro casos con mayor desproporción, todos en el Mediterráneo.

Por cierto que Gijón, Oviedo y Lena están entre los concejos que optaron por no aplicar las clausuras de los contratos que permitían sancionar al adjudicatario si incumplía sus promesas de empleo. Ibias (con 10 adjudicaciones), Grado (15) y Cudillero (1), pertenecen a los que directamente no incluyeron este tipo de supuestos.

Hay una actuación gijonesa que llama la atención del Tribunal: la avenida de la Pecuaria. La Ley de Contratos del Sector Público exige que antes de aprobar el expediente de contratación, la administración efectúe el replanteo del proyecto, «el cual consistirá en comprobar la realidad geométrica de la misma y la disponibilidad de los terrenos precisos para su normal ejecución». Al Tribunal no le consta el acta de replanteo de este proyecto ni de la reforma de las cubiertas del Molinón y la Tribuna Oeste. Tampoco en los dos contratos de reposición viaria de Ibias.

La misma ley marca un requisito administrativo anterior a la aprobación del proyecto, consistente en someter el mismo a consideración de «las correspondientes oficinas u unidades de supervisión». Este control previo se habría obviado en la adjudicación del campo de Villademar (Cudillero), la reposición de pavimentos en Lena, la reparación de la calle Luis Braille (Siero) y la de las plazas Argüelles y Cabo Noval. La salvaguarda del replanteo y la supervisión «garantizan que el objeto del contrato se ajuste a la realidad existente», recuerda el informe.

Volviendo a la Pecuaria, el informe señala que la contratación de desempleados no fue uno de los parámetros que regularon la adjudicación del contrato, y en cambio se reservó parte de la puntuación del concurso a una serie de «mejoras sin definir». El mismo reparo lo ha puesto el Tribunal a otros 54 expedientes localizados en todo el país, con la salvedad de que aquí el Ayuntamiento declinó entregar al órgano fiscalizador la oferta del contratista, requerida por los inspectores para «comprobar la aplicación concreta de los pliegos de contratación».

Finalmente la obra «se licitó con un presupuesto de 5.799.999,99 euros y se adjudicó por 5.145.759,99 euros; certificándose una partida alzada, que se había presupuestado por 60.000 euros, por importe de 96.396,51 euros, sin haber detallado las unidades de obra ejecutadas ni los precios aplicados, por lo que no quedó debidamente justificado el pago».

A la circunvalación del campus de universitario de Gijón (en la zona de Viesques) le atribuye el documento otro de las «deficiencias e irregularidades más frecuentes»: la de incumplir el requisito de ejecución inmediata de las obras. Hay otras cuatro actuaciones en igual condición, de las que destaca la consolidación del Talud de la Ería. La obra tiene el agravante de que el Centro Cultural hubo de cerrar al poco de empezar a funcionar por las humedades que lo deterioran.

Selección no proporcional

Curiosamente, de las 46 obras financiadas por el 'Plan E' en Oviedo, los inspectores sólo estimaron conveniente incluir en su muestra de análisis el talud. A Mieres, con inferior número de actuaciones, población y subvenciones, le fueron revisadas cuatro, al igual que a Gijón y Siero. Ribadedeva, Avilés, y Grado aportaron dos contratos por concejo mientras Parres, Vegadeo, Tineo, Lena y Cudillero fueron objeto de una única inspección.

Cuentas también tiene objeciones al 'Proyecto de señalización urbana de orientación de la ciudad de Gijón', que permitió renovar los carteles que regulan el paso de vehículos, ciclistas y peatones. Según el ente fiscalizador, la licitación se habría lanzado antes de tener aprobado el expediente. La impresión puede basarse en que el proyecto se anunció en la web del Ministerio de Administraciones Públicas el 10 de febrero de 2009, cuando el expediente y la licitación se acordaron un mes después.

Hasta aquí el examen municipal. En sus conclusiones el Tribunal de Cuentas reconoce que la urgencia con la que se pretendía poner el dinero en circulación está en la base de algunos de estos reparos.