La reforma de la ley de Costas pasa por alto las afecciones en Zeluán y Maqua

La reciente reforma de la ley de Costas pasa por alto, al menos de momento, las afecciones de dicha normativa en el entorno de Zeluán y Maqua. Ello supone, entre otros aspectos, que los terrenos del polígono industrial que no habían sido desarrollados hasta la entrada en vigor de la ley seguirán sin poder albergar nave alguna pese a que su calificación urbanística así lo preveía.

Entre los afectados por la normativa de Costas en la zona se encuentra el Ayuntamiento de Avilés, cuyos servicios urbanísticos entienden que la reciente modificación de la ley no varía, en principio, los condicionantes para el uso de los terrenos de su propiedad en el recinto empresarial de Maqua.

No obstante, los Servicios Urbanísticos municipales no descartan que pudieran darse determinadas modificaciones en el desarrollo de la reforma de la ley, aún en proceso de tramitación. «Como estamos hablando de un proyecto, aún hay que esperar a que se apruebe definitivamente para saber si realmente nos afecta o no», afirman desde el Ayuntamiento.

Del mismo modo, los privados que contaban con parcelas del polígono industrial y que no las habían desarrollado en el momento de entrar en vigor la normativa, seguirán sin poder construir en ellas y solo esperan ya que en algún momento el Estado atienda a sus reiteradas alegaciones. «Lo único que podemos hacer con la parcela es venderla», comenta Agustín García, uno de los afectados y presidente de la asociación de vecinos del poblado de Endasa, Laviana y Zeluán, Enlaze.

Su caso es el de otros propietarios que habían adquirido en su día uno de los solares previstos para el desarrollo del polígono de Maqua, y que ahora están considerados como de dominio público. «Eso sí, nos sigue llegando el recibo de la contribución como finca urbana», afirma acerca de uno de los efectos que ha tenido la entrada en vigor de la ley de Costas en la zona.

El entorno de Zeluán y el polígono de Maqua han sido uno de los más afectados por una norma que pretende proteger y ordenar las costas españolas, pero que en opinión de la asociación de vecinos Enlaze no ha tenido, al menos en el caso de su ámbito de actuación, las peculiaridades de los espacios protegidos por la ley.

«La línea que marca la zona de servidumbre del área protegida cruza por la mitad un edificio de varios pisos del núcleo de Zeluán», explica García acerca de lo que en la asociación entienden como una prueba del desconocimiento del terreno con el que, a su entender, se fijaron las zonas de protección en la ría de Avilés. «En un principio, se señalaba como de dominio público todo el polígono de Maqua», afirmó acerca de un nivel de protección que obligaría a derribar todas las naves ya construidas en un determinado plazo de tiempo, ahora ampliado con la reforma de la ley. Sin embargo, y tras la presentación de las primeras alegaciones, esa línea de protección se acercó a la línea de agua de la ría para salvar la mitad ya construida del recinto empresarial. Pero las parcelas aún sin actividad, entre las que se encuentran los terrenos propiedad del Ayuntamiento, no se salvaron.

«Línea de alta tensión»

Los afectados entienden que se trata de todo un contrasentido, habida cuenta de que la zona está urbanizada y cuenta con una serie de instalaciones y redes de suministros, entre ellas «una línea de alta tensión», que chocan con un nivel de protección como el previsto en la ley.

Hasta ahora, las reclamaciones planteadas por los afectados han caído en saco roto. «Seguimos a la espera de que se atienda a nuestro último recurso, pero nos dicen que se nos puede denegar por silencio administrativo», explica el vicepresidente de la asociación de vecinos, donde dan por hecho que las parcelas urbanas que iban a ser parte del polígono industrial de Maqua ya no servirán «ni para sembrar patatas».

No obstante, ese sería solo uno de los problemas con los que se encuentran los vecinos de la zona por la entrada en vigor de la normativa de protección de costas. En la asociación Enlaze denuncian la falta de información que han venido recibiendo desde que se inició la tramitación de la ley acerca de cómo esta afectaba a sus propiedades. Ello ha propiciado que algunos se hayan enterado demasiado tarde de que, ahora, han de pedir el correspondiente permiso a la demarcación de Costas para realizar cualquier obra.

«Unos vecinos decidieron arreglar la fachada del edificio, pidieron el permiso al Ayuntamiento y empezaron los trabajos. Entonces es cuando les llega una notificación de Costas con una multa por 1.200 euros», cuenta García acerca de una situación con la que se ha encontrado más de un propietario de la zona.

En otros casos, el hecho de que la vivienda se encuentre en zona de protección les ha impedido realizar reformas de determinado calado o levantar cualquier tipo de construcción en terrenos de su propiedad pese a ser suelo urbano o anejo al núcleo de Zeluán.